Más despliegue policial para hacer frente a un posible 'pucherazo' electoral en Melilla

Podría ser una trama de corrupción de compra de votos. Y se estaría produciendo desde hace muchos años. Un equipo de Antena 3 Noticias ha investigado qué estaría sucediendo estos días en Melilla y se han encontrado con diversas afirmaciones sobre que, efectivamente, se estarían comprando votos por correo. Pero no les sorprende a los que lo confirman, que dicen que no es una novedad.

Se ha reforzado la seguridad en Melilla, tal y como asegura la delegada del Gobierno, Sabrina Moh. Intentan salvar de un posible 'pucherazo' las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo.

Ahora se vigila a los viajeros que intentan salir de Melilla. Quieren evitar que se lleven los votos supuestamente comprados fuera de la ciudad autónoma y se pueden entregar en otras oficinas de Correos del resto del país.

La Junta Electoral de Zona, tras una denuncia de Vox, ha determinado que sea obligatorio entregar el voto en persona y presentando el Documento Nacional de Identidad a quienes entreguen el sobre de Melilla, una acción que hasta ahora se podía delegar a un tercero.

Una quinta parte del censo

Las alarmas saltaron al comprobar el dato de solicitudes de voto por correo. La última cifra actualizada es del 21,21%, es decir, de un total de 11.707 electores, una quinta parte del censo. Si se compara con los datos absolutos en España, la cifra de voto por correo tan solo alcanza el 3,05%.

Los 16 funcionarios de Correos que se encargan de entregar la documentación del voto siguen haciéndolo escoltados por la Guardia Civil y la Policía Nacional. Se han denunciado hasta cinco asaltos y robos de esa documentación, aunque, al parecer, ya habrían sido anulados.

De momento, la investigación judicial continúa, aunque está bajo secreto de sumario.

No es la primera vez que la sospecha de una negligencia en el proceso electoral sobrevuela en la ciudad autónoma. El Tribunal Supremo condenó en 2021 al actual líder de Coalición por Melilla y al exsecretario general del PSOE a dos años de prisión por falsedad y dos delitos electorales. Otras 16 personas fueron condenadas con penas de multa e inhabilitación por las elecciones generales al Senado de 2008.