Yolanda Díaz confirma la multa millonaria a Glovo: "No vamos a parar, van a cumplir la ley"

La Inspección de Trabajo ha sancionado a la compañía española Glovo por incumplir la 'Ley Rider' y vulnerar supuestamente los derechos laborales de sus empleados. Así lo ha confirmado en la mañana de este miércoles la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, quien ha acusado a la empresa de "actuar como falsos autónomos" y ha adelantado que "el peso de la ley va a caer sobre ella como ha caído con la Inspección de Trabajo".

La titular de Trabajo, en unas declaraciones a los medios en el Congreso de los Diputados, ha dado a conocer la multa millonaria impuesta a Glovo, que ronda los 79 millones, y la regularización de más de 10.600 trabajadores de esta compañía con sede en Barcelona que, según Díaz, ha actuado de manera "gravísima" al obstruir la labor de la Inspección de Trabajo durante estos meses y al "vulnerar los derechos de los trabajadores".

"Esto es gravísimo en un Estado social, democrático y de derecho, donde las empresas tienen que cumplir la ley", ha explicado la ministra de Trabajo. "La ley se aplica a todo el mundo y desde el Ministerio no vamos a parar. Van a cumplir la ley".

La conocida como 'Ley Rider', que entró en vigor hace poco más de un año, en agosto de 2021, y generó gran división entre los empresarios españoles por algunas de sus medidas, obliga a todas las plataformas digitales de reparto, como Uber Eats, Just Eat o Stuart, a contratar como asalariados a todos sus repartidores y no como falsos autónomos. Este motivo ha hecho que la Inspección haya procedido a regularizar la situación de miles de trabajadores dentro de Glovo: en concreto, a 8.331 trabajadores en Barcelona y otros 2.283 en Valencia a los que la empresa de reparto se negó a poner por nómina.

En las actuaciones realizadas, se han llevado a cabo entrevistas con Glovo y sus trabajadores. Asimismo, se ha examinado todo tipo de documentación con trascendencia para la verificación del cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social y se ha acreditado que la empresa no es una mera intermediaria en la contratación de servicios entre comercios y repartidores sino una empresa que presta servicios de reparto y mensajería fijando las condiciones esenciales de prestación de dicho servicio.

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