Trabajo considera "indecente" el ERE de Telefónica que deja casi 5.700 afectados: "El dinero público no está para despedir a nadie"

Telefónica ha planteado este martes a los sindicatos un expediente de regulación de empleo (ERE) para 233 trabajadores de Telefónica Innovación Digital. De esta manera, el número de afectados por estos procesos se eleva a 5.692, a la espera del impacto sobre una última filial. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Trabajo y Economía Social de España, Yolanda Díaz, ha señalado que no comparten "en absoluto" el hecho de "que una empresa que tiene beneficios y que está participada con los recursos públicos de los ciudadanos y ciudadanas españolas despida a más de 5.000 trabajadores y trabajadoras". Lo consideran "indecente".

Terminada la constitución de la mesa de negociación en Telefónica Innovación Digital, la memoria refleja una afectación de 233 personas sobre una plantilla de 993, es decir, un 23,46 %. Es la segunda reunión del día, ya que a primera hora la operadora se sentó con los sindicatos de Telefónica Global Solutions y les planteó otro ERE para 140 de sus 638 trabajadores (el 21,94 % del total). Las dos cifras se suman a las 5.319 personas que se podrían ver afectadas por procesos similares anunciados el lunes en otras empresas del grupo: Telefónica de España, donde el ERE afectaría a 3.649 personas (el 41,04 % de la plantilla); Telefónica Móviles (1.124 empleados, 31,34 %), Telefónica Soluciones (267 trabajadores, 23,89 %) y Movistar+ (279 personas, 32,45 %).

Todavía está programada una última reunión para este martes para constituir la mesa de negociación en Telefónica S.A., donde en principio se notificará también la afectación prevista, de manera que se podrá completar el cuadro de la propuesta inicial del grupo de telecomunicaciones. Aún así, es de prever que estas cifras se reduzcan a lo largo del proceso de negociación de todos los ERE.

"No me parece correcto"

Yolanda Díaz ha confirmado haber remitido "una carta a la presidenta de la SEPI". Remarca que "el dinero público no está para despedir a nadie por muy buenas que sean las condiciones de negociación de un expediente de regulación de empleo" y que "se está decidiendo que 5.000 trabajadores y trabjadoras se vayan a la calle".

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