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alertan de que la recuperación no llega a todos los bolsillos

El resto de funcionarios también pide equiparación salarial tras el acuerdo con policías nacionales y guardias civiles

El aumento de sueldo de policías nacionales y guardias civiles ha marcado un camino para el inicio de la equiparación en el resto de profesiones. Los funcionarios piden que su salario sea igual en todas las comunidades, pues depende de la profesión y el lugar, la diferencia puede ser de hasta 10.000 euros al año.

Antena3.com | Agencias | Madrid
| 19.03.2018 16:32

El aumento del sueldo de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil ha marcado el camino de la equiparación, algo que ahora mismo piden el resto de los funcionarios.

Un profesor de instituto en el País Vasco gana más de 2.700 euros al mes, pero en Baleares sus clases valen en torno a 2.100 euros, unos 700 euros de diferencia. Lo mismo ocurre en el sector de la Sanidad. En el País Vasco un médico gana unos 3.600 euros mientras que en Andalucía su sueldo sería de 2.400 euros, más de mil euros de diferencia.

La diferencia entre los profesionales puede ser de hasta 10.000 euros al año.

Precisamente este lunes el Defensor del Pueblo ha alertado en su informe anual del malestar que generan estas desigualdades provocadas por la crisis.

El malestar de los ciudadanos por los efectos de la crisis y su insatisfacción por el deficiente funcionamiento de los servicios públicos ha disparado en 2017 el número de quejas al Defensor del Pueblo, que el año pasado tramitó un total de 24.976, un 51,5% más que el año anterior.

Tras entregar la Memoria 2017 de la institución en las Cortes, el defensor del pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha lamentado que las "actitudes imperativas y excesivamente categóricas" de las autoridades están generando ese malestar y ha reclamado políticas de redistribución de las rentas para superar la fractura social generada por la crisis. "La crisis cavó un pozo de desigualdades sin precedentes en España", ha sentenciado Fernández Marugán, quien ha explicado que los españoles han transmitido al Defensor su "insatisfacción en los años duros de la crisis, pero también en la recuperación".

En 2017, la institución tramitó 25.776 expedientes, la mayor parte quejas (24.976, 16.485 en 2016), investigaciones de oficio (760, frente a 872) y solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad (40, 39 en 2016).

Fernández Marugán ha trasladado la preocupación de los españoles por la mala prestación de determinados servicios públicos y por los efectos de la crisis en los derechos sociales y en las prestaciones. "En España hay una situación que es preciso corregir: la recuperación no ha llegado al bolsillo de todos, y hay una serie de colectivos que se encuentran en una situación de relativa desprotección". Se trata de los desempleados de larga duración que han agotado la cobertura, familias con todos sus miembros en paro, jóvenes sin trabajo y sin derecho al desempleo, jubilados y personas con discapacidad, ha enumerado el defensor.

"El Defensor del Pueblo ante el hecho de que servicios tan esenciales como los sanitarios, educativos y asistenciales vengan experimentando una pérdida de calidad manifiesta que resulta de urgente necesidad la reforma del actual sistema de financiación de las comunidades autónomas", zanja.

Paralelamente, ha trasladado a la Fiscalía el caso de 19 ayuntamientos, a los que acusa de entorpecer su trabajo por no responder a sus continuos requerimientos de información, y también la actuación de un abogado de oficio designado por el Colegio de Abogados de Guipúzcoa.

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