La Seguridad Social obliga a 29 familias de Madrid a dejar sus casas tras casi 20 años de alquiler

Veintinueve familias de Madrid tienen fecha de salida de sus casas: antes del 31 de diciembre deberán entregar las llaves de las viviendas en las que llevan viviendo cerca de 20 años. Son pisos situados en barrios céntricos de la capital, como Chamberí, Lavapiés o Pacífico, propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social, que el Gobierno quiere vender ahora a precio de mercado.

Los inquilinos accedieron a estas viviendas a partir de 2005 a través de la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), una iniciativa impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para facilitar el acceso a una vivienda asequible, fundamentalmente a jóvenes. En aquel momento, los pisos se adjudicaron mediante sorteo o a través de portales inmobiliarios, aunque los contratos se firmaban directamente con la sociedad pública si se cumplían ciertos requisitos de renta y necesidad.

Expulsados de vivienda pública

Las rentas oscilaban entre los 900 euros por un piso de dos habitaciones y los 1.200 por uno de tres, aunque se han ido incrementando con el paso de los años. Tras la quiebra de la Sociedad Pública de Alquiler en 2012, los inmuebles pasaron a manos de la Tesorería General de la Seguridad Social. Ahora, más de una década después y en pleno auge de los precios de la vivienda, el Ejecutivo ha iniciado el proceso para venderlos.

La decisión llega tras un informe del Tribunal de Cuentas que insta al Gobierno a desprenderse de estos activos. El órgano fiscalizador considera que la Seguridad Social no tiene competencias en materia de vivienda y que los contratos de alquiler han caducado. Así que el Gobierno afirma que estos inmuebles deben venderse.

Aunque a los inquilinos se les ha ofrecido una opción de compra preferente, las condiciones hacen inviable esa alternativa para la mayoría. A Lourdes Sanz les han ofrecido comprar “su” casa por 478.000 euros. “Un piso de 70 metros cuadrados”. “Tengo 66 años y no me dan una hipoteca”, explica Lourdes,. A Miguel Jabalois, le piden casi 700.000 por el suyo. Algo inviable. Tanto él como su pareja están en situación de desempleo, lo que hace imposible acceder a un crédito.

La propuesta de los vecinos

Las familias piden que las viviendas se integren en el parque público, como la recién creada “Casa 47” para poder seguir viviendo de alquiler, pero el Gobierno sostiene que jurídicamente no es posible. Desde el ministerio aseguran que están obligados a cumplir el mandato del Tribunal de Cuentas y que no pueden mantener esos pisos como alquiler social.

Los vecinos denuncian una falta total de alternativas. Aseguran que no se les ha ofrecido ningún realojo ni ayuda, ni tampoco compensaciones por los años de alquiler abonados, las obras realizadas o las mejoras hechas en los pisos. “No nos están desahuciando de manera formal, pero es un desahucio encubierto”, sostienen.

Critican además lo que consideran una contradicción política. “Hablan de proteger a los inquilinos y de ampliar el parque público, pero a nosotros nos echan”, lamentan. Subrayan también lo paradójico de la situación: la Seguridad Social quiere desalojar a familias que siempre han pagado puntualmente sus rentas.

Según el Informe de fiscalización operativa sobre la eficiencia en el uso de los inmuebles de la Seguridad Social , solo en la Comunidad de Madrid hay alrededor de 850 inmuebles propiedad de la Seguridad Social que están vacíos y no generan ningún rendimiento. Mientras tanto, ellos se enfrentan a quedarse sin casa en uno de los momentos más tensionados del mercado inmobiliario.

De momento, aseguran, nadie del ministerio les ha recibido. La única instrucción que han recibido es clara: entregar las llaves antes de que acabe el año.

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