JUNTO A LOS EXCONSELLERS
El Tribunal de Cuentas acusa a Puigdemont del desvío de unos 8 millones de euros para financiar el refereréndum ilegal del 1-O
En caso de ser condenados tendrían que hacer frente a la reclamación con sus propios bienes, tal como le sucedió a Artur Mas por la consulta anterior del 14 de noviembre de 2014.
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El Tribunal de Cuentas investiga al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y otros exmiembros del Govern por el presunto desvío millonario de recursos económicos para el referéndum del 1-O, han confirmado fuentes del órgano contable.
Las pesquisas tienen su origen en un escrito presentado esta misma semana ante el órgano fiscalizador por el jefe del Ministerio Público ante dicho órgano, Miguel Angel Torres, al que se suma el interpuesto por Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución.
La responsabilidad contable se exige por la Fiscalía al expresidente, a la interventora de la Generalitat Rosa Vidal y respecto de otras 17 personas, entre los que se encuentran ex miembros del Govern en el momento de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) como Oriol Junqueras y también los que dimitieron en julio de 2017.
El documento fiscal, de 38 páginas, no fija una cantidad concreta de gastos a reclamar ni incluye un listado de los mismos como tal, ya que según fuentes consultadas en este momento se activa una fase preliminar de la investigación contable, en espera de información que aún debe remitir el Tribunal Supremo y el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. La cantidad a reclamar se conocerá cuando tras finalizar la instrucción se redacte el acta de liquidación provisional.
El documento del fiscal Torres cita entre otras facturas de gasto por los locales de votación --900.906.70 euros--, gastos publicitarios que se acercan al millón de euros en distintos apartados, un gasto de 979.6661,96 en papeletas y 38.431,20 en cartelería. Por lo que se refiere a la acción exterior, el documento destaca la "acción de la presidencia catalana" en el exterior que absorbió 2,3 millones de euros, a lo que se añaden diferentes gastos en viajes de observadores que superarían los 100.000 euros en diferentes conceptos.
En este escrito, lo que se solicita expresamente es que se inicie un expediente de responsabilidad contable por daños causados a los fondos públicos de la Generalitat de Cataluña contra un total de 19 personas y considera que "se ha constatado la asignación y disposición de fondos y recursos públicos para financiar las actividades relacionadas con la preparación y la ejecución del referéndum ilegal de autodeterminación del 1-O".
El escrito de la Fiscalía se conoce un día después de que Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución presentaran su propia denuncia ante el Tribunal de Cuentas contra el expresidente catalán y sus exconsellers por los mismos hechos, si bien en el caso de estas organizaciones el dinero irregularmente gastado sería de 1,97 millones de euros de fondos públicos.
La rendición de cuentas, según el fiscal, ha de entenderse "referida al deber genérico que pesa sobre cualquier gestor de fondos públicos de justificar el empleo que haya dado a los mismos que debe considerarse existente para todos los sujetos que tengan capacidad de decisión en materia de gasto público, estén o no obligados a presentar periódicamente rendiciones de cuentas formales".
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