Los problemas que la reforma de las pensiones de José Luis Escrivá no ha resuelto

La segunda parte de lareforma de las pensiones superó el jueves su último trámite parlamentario. El Gobierno contó con sus socios habituales y… ¡con la abstención de Vox! Fue la sorpresa de la sesión. Así que las nuevas normas entrarán en vigor el 1 de abril, mientras millones de españoles se disponen a quemar los últimos cartuchos de sus ahorros para salir de vacaciones en Semana Santa.

El texto del ministro José Luis Escrivá logró el visto bueno de la Comisión Europea, imprescindible para que España reciba el siguiente tramo de fondos de recuperación, y el respaldo de los sindicatos.

El grueso de la comunidad de expertos y la unanimidad de los observatorios económicos discrepan de la exactitud de las cuentas que presenta el Gobierno español. Se trata de informes que dejan de lado ideologías y se centran en valorar si el proyecto es sostenible desde un punto de vista financiero.

Es decir, si las pensiones comprometidas con sus incrementos ligados al IPC (adicionales a la vista en noviembre del 8,5%) se podrán o no pagar con los ingresos previstos con las nuevas medidas a largo plazo. Dos estudios de peso se unieron el viernes al coro de expertos que advierten de que la reforma de las pensiones tendrá problemas de financiación.

El Banco de España y la AIREF (el organismo independiente que fiscaliza las cuentas públicas y que presidió el propio Escrivá durante el Gobierno Rajoy) echaron los dos últimos caudalosos jarros de agua fría sobre una reforma que su autor defiende con el mismo ímpetu que Irene Montero aplica a la ley del 'solo sí es sí'. Al menos, en público.

Asunto aparte es lo que el ministro explique por teléfono en Bruselas. El diario ABC reveló conversaciones de Escrivá con miembros del Gobierno europeo en las que, según esas informaciones, se habría comprometido a aumentar las cotizaciones en caso de problemas de financiación. Estas noticias fueron interpretadas por la mesa de análisis de Espejo Público del lunes como la evidencia de que Escrivá reconoce, en el fondo, que sus números quizá no cuadren tanto como defiende en los foros políticos.

No en vano, sus antiguos compañeros de trabajo en la AIREF sostienen, desde el viernes, que la reforma de las pensiones “empeora la sostenibilidad del sistema”. Son palabras de la presidenta del organismo, Cristina Herrero. Una lectura sosegada del informe de la AIREF permite topar con otra clave.

¿Qué ocurre con la pirámide demográfica?

La reforma no sólo conducirá al sistema público de pensiones a gastar más de lo que ingresará, sino que ha pasado por alto la pirámide demográfica. Aunque Francia vive sus peores revueltas callejeras desde la crisis de los chalecos amarillos –Susanna Grisó comparó estos días con “mayo del 68”—, el Gobierno de Emmanuel Macron sí contempló esa situación.

En España, según la AIREF (el Banco de España coincide) el envejecimiento elevará el gasto en pensiones hasta el 16% del Producto Interior Bruto a mitad de siglo. Las medidas que verán la luz en pocos días “serán incapaces de corregir esta tensión financiera” a menos que se modifiquen.

Es decir, salvo que haya recortes o bien en la cuantía de las pensiones o en las nóminas a través de unas cotizaciones mayores. Y es eso a lo que se estaría comprometiendo Escrivá en privado con el Ejecutivo comunitario.

En cualquier caso, es poco probable que el Gobierno al que pertenece deba lidiar con esa situación. No solo por el clima de encuestas contrario a los intereses del PSOE, sino más bien porque pasarán todavía unos años hasta que el sistema quiebre de manera evidente para todos y no desde un plano de teoría económica.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, lo llama “patata caliente” y trasladó a Ursula Von der Leyen, en una inusual reunión, su preocupación por la “herencia envenenada”que recibirá si alcanza la Moncloa. En lo inmediato, la reforma de las pensiones que sale ya detraerá 15.000 millones a las nóminas dadas las mayores cotizaciones.

"Pasarán todavía unos años hasta que el sistema quiebre de manera evidente"

Ese dinero, que supone un salario real menor, pagará las pensiones por ahora. Éstas se mejoraron al ritmo del IPC de noviembre (8,5% para las contributivas). Tal incremento ni lo olerán el grueso de los empleados, salvo excepciones como Mercadona e Inditex y otras grandes firmas. Al revés. Y es que el tipo efectivo subirá el 1% para los que cobren menos de 54.000 euros/año y el 10% para los profesionales que ingresen entre esa cifra y 70.000 euros/año. El coste se repartirá entre la compañía y la persona contratada, que ingresará menos cada mes mientras la inflación y el euríbor siguen apretando.

La periodista Elisa Beni señaló en plató otro aspecto interesante: ¿qué pasa no ya con los actuales jubilados, sino con los que están a punto de serlo, los 'baby boomers'? La colaboradora de Espejo Público defendió que se asuman a través de los Presupuestos Generales del Estado las cuantías correspondientes que no cubra el sistema. Es decir, que se paguen las pensiones de los nuevos jubilados con impuestos, déficit (que más adelante se transformará en deuda), recortes o con una combinación de todo.

La idea, que ya se puso sobre la mesa para erradicar el déficit de tarifa eléctrica –con el que el primer Gobierno Aznar creó la falsa sensación de una electricidad barata a cambio de que las eléctricas financiaran determinados costes— desvía el problema hacia otras cuentas, pero no lo soluciona estructuralmente.

Las pensiones necesitan una reforma de todo lo demás

Y es que el dinero de la Seguridad Social y de los presupuestos generales es público: se tiene que recaudar con impuestos o cotizaciones, según el caso. En la misma mesa de debate, Carlos Cuesta animó al Gobierno a reducir impuestos para incrementar los ingresos fiscales y abordar así esa opción.

La estadística da la razón al periodista económico: Hacienda ha ingresado más cuando se han reducido los impuestos en España.

El problema de las pensiones tiene, por tanto, distintas aristas: las del futuro, las inmediatas y las que ya se pagan. La reforma Escrivá sólo aborda el estadio más próximo y, evidentemente, garantiza los actuales pagos. Pero, con toda probabilidad, obligará a tomar nuevas decisiones que, como ya se ve en países del entorno europeo, serán dolorosas. Feijóo se quejó en Bruselas porque teme que él las deberá liderar.

A largo plazo, una reforma laboral profunda y estable, que priorice la creación de empleo y estimule la productividad para que los salarios medios crezcan con más fuerza en las próximas décadas atenuará parte del escenario sombrío que dibujan la AIREF y el Banco de España para 2050.

Una reforma fiscal que permita una mayor actividad económica privada y una reforma de las administraciones, para asegurar una gestión productiva de los recursos públicos, arrojarían luz sobre la próxima década. Curiosamente los indicadores se empeñan en señalar que lo que las pensiones necesitan no es una reforma de las pensiones (la lidere quién la lidera, Pedro Sánchez o Feijóo), sino de todo lo demás.

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