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Coronavirus

Polonia y Hungría, abiertos a levantar el veto para el reparto de ayudas por el coronavirus

A pocas horas de la cumbre de la Unión Europea, Polonia y Hungría se abren a levantar el veto al fondo de recuperación para mitigar las consecuencias económicas de la pandemia. España recibiría de ese fondo 140.000 millones de euros.

Polonia y Hungría están cerca de alcanzar un acuerdo con el resto de socios del bloque para levantar su veto al presupuesto comunitario para los próximos siete años y el fondo de recuperación de 750.000 millones con el que los Veintisiete quieren relanzar la economía tras la pandemia de coronavirus.

El viceprimer ministro polaco, Jaroslaw Gowin, ha dado por hecho el pacto aunque fuentes europeas han precisado que todavía falta una "confirmación definitiva". La solución a tres bandas debe ser validada por el resto de las capitales.

Los embajadores de los Veintisiete ante la UE se reúnen este miércoles 9 de diciembre por la tarde en la que podría ser la primera oportunidad de evaluar el acuerdo, antes del debate a nivel de jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre de este jueves y viernes.

La UE había lanzado un ultimátum a Hungría y Polonia pidiendo "señales claras" de su voluntad para encontrar una solución al bloqueo. Tanto el húngaro Viktor Orbán como el polaco Mateusz Morawiecki han asegurado en las últimas horas que un pacto estaba al alcance de la mano.

Declaración para poner fin al enfrentamiento

Si se confirma que Hungría y Polonia levantan su veto, la UE podría comenzar la ratificación de todo el paquete presupuestario, que asciende a 1,8 billones de euros si se suma el Marco Financiero Plurianual (MFP) para el periodo 2021-2027 y el plan anticrisis.

Estos dos países han bloqueado la aprobación de ambos instrumentos por el nuevo mecanismo que condicionará el desembolso de fondos europeos al respeto del Estado de derecho, un sistema que consideran "arbitrario" y dirigido específicamente contra ellos.

La solución que se baraja desde hace días en Bruselas pasa por mantener dicho régimen de condicionalidad en su forma actual pero aprobar una declaración en la que quede claro que sólo se activará en caso de que se perjudiquen los intereses financieros de la Unión (corrupción, por ejemplo) y no en otros ámbitos, como la política de migración.

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