Las nuevas condiciones por las que será más fácil acceder a un crédito

El Gobierno ha dado un paso relevante para acotar el coste de los créditos al consumo y reducir situaciones de sobreendeudamiento. El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley que transpone las directivas europeas sobre crédito al consumo y que, por primera vez en España, establece límites a los intereses que pueden aplicar las entidades al conceder préstamos.

La futura norma aborda de forma integral el mercado del crédito al consumo, que incluye tanto los préstamos bancarios tradicionales como las tarjetas revolving, los microcréditos y los préstamos rápidos ofrecidos a través de plataformas digitales. El Ejecutivo subraya que el sector ha cambiado con la digitalización y la entrada de nuevos operadores, y que la reforma busca reforzar la protección de los consumidores y aportar reglas homogéneas para las empresas.

Topes a la TAE según el importe

La principal novedad del texto es la fijación de un límite máximo al coste de los préstamos, medido a través de la TAE, el indicador que refleja el precio final del crédito con todos los gastos incluidos. La referencia será el tipo medio del crédito al consumo publicado por el Banco de España, al que se añadirá un margen en función del importe solicitado.

Ese margen se fija en 15 puntos porcentuales para créditos de hasta 1.500 euros; en 10 puntos para los comprendidos entre 1.500 y 6.000 euros; y en 6 puntos para los superiores a 6.000 euros. Los topes se revisarán y publicarán con carácter trimestral. Hasta que un real decreto concrete los tramos definitivos, la ley establece un límite transitorio del 22% para las nuevas operaciones.

Impacto en tarjetas revolving y préstamos rápidos

El límite transitorio del 22% se aplicará también a la liquidación de las tarjetas revolving ya existentes, uno de los productos más cuestionados por su elevado coste. El Gobierno pretende así contener prácticas que, en determinados casos, han prolongado la deuda durante largos periodos.

La norma introduce además una regulación específica para los créditos de alto coste, como los micropréstamos de bajo importe y muy corto plazo, un segmento que ha crecido a través de plataformas digitales. Se trata de préstamos que cubren necesidades inmediatas, pero cuyo coste puede alcanzar cifras muy elevadas.

Microcréditos: plazos mínimos y coste acotado

El anteproyecto obliga a que los microcréditos se devuelvan en un plazo mínimo de tres meses y limita de forma significativa el coste total. El tipo de interés mensual máximo será del 4% y la comisión no podrá superar el 5%, con un tope absoluto de 30 euros. Además, el coste total no podrá exceder el de un crédito a 12 meses por el mismo importe bajo el régimen general.

Según los cálculos del Ministerio de Economía, un microcrédito de 300 euros a 30 días, que actualmente puede suponer un coste medio de 103 euros, pasará a tener un coste máximo de 40 euros si se devuelve en tres meses, o de 20 euros si se liquida al mes.

Más control y nuevas exigencias

La reforma endurece las obligaciones de información y publicidad. Los prestamistas de alto coste deberán facilitar información con al menos 24 horas de antelación a la contratación y se prohíbe destacar la rapidez o facilidad del préstamo por encima de su coste total.

Otro cambio clave es la supervisión. Solo podrán conceder crédito al consumo las entidades registradas y supervisadas por el Banco de España. Para integrar a operadores que hasta ahora actuaban fuera del perímetro regulatorio, la ley crea dos figuras: los Establecimientos Financieros de Crédito de Ámbito Limitado y los prestamistas de alto coste autorizados. Los créditos concedidos por entidades no autorizadas serán nulos.

La norma refuerza también la evaluación de solvencia y la consulta del historial crediticio, obligatoria en los créditos de alto coste. Economía justifica la reforma por el peso del crédito al consumo, que ya supone el 15% del crédito a los hogares, y por la necesidad de actuar de forma preventiva. El anteproyecto se somete a audiencia pública hasta el 30 de enero.

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