La Comunidad de Madrid ha aprobado el nuevo reglamento del sector del taxi de la región que flexibiliza este servicio de transporte de forma que permite articular el 'taxi compartido', esto es, cobrar por plaza, y ofrecer tarifas cerradas de antemano para un trayecto concreto.

La nueva norma constituye un compromiso que el Ejecutivo regional adquirió con el gremio de taxistas durante los paros que secundó el pasado mes de enero en demanda de medidas contra la competencia desleal que, según esta sector, supone el de los vehículos de alquiler con conductor (VTC).

El nuevo reglamento, que entrará en vigor una vez se publique en Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), ha sido diseñado en un proceso en el que han participado las asociaciones representativas del sector, según aseguraron el vicepresidente de la Comunidad, Pedro Rollán, y el propio presidente regional, Angel Garrido.

Las nuevas normas para los taxistas se han aprobado en la última reunión del Consejo de Gobierno de Garrido como máximo dirigente autonómico. El aún presidente regional, que no cedió a las peticiones de los taxistas durante el paro y no entró a regular las VTC como hicieron en otras Comunidades, como Cataluña, dejará el cargo el jueves para ir en las listas del PP al Parlamento Europeo.

El nuevo reglamento del taxi de Madrid tiene como objetivo actualizar y modernizar un sector "fundamental" de la economía regional, dado que suma unas 16.000 licencias, genera 1.000 millones de euros anuales y da empleo a 100.000 personas.

Para lograr esa modernización, la nueva norma introduce una mayor "racionalización y flexibilización de los servicios que prestan estos profesionales". Así, ante la cada vez más frecuente utilización de medios tecnológicos, abre la posibilidad de que los taxistas fijen tarifas máximas de forma que puedan ofrecer al usuario un precio fijo y cerrado antes de comenzar el servicio, tal como actualmente plataformas de VTC como Uber y Cabify.

Además, se permitirá que estos servicios precontratados puedan ser realizados por plaza y pago individual, lo que abre la puerta a prestar servicios de taxi compartido entre varios usuarios. También se podrá recoger a viajeros en municipios distintos de aquellos en los que estén domiciliadas las licencias siempre que el destino sea el municipio que la ha concedido.

El decreto introduce asimismo medidas para combatir el intrusismo y la competencia desleal entre empresas, con nuevas causas de extinción de las licencias municipales. Unas licencias municipales para las que los distintos ayuntamientos de la región, si así lo estiman conveniente en función de sus necesidades y características, podrán establecer planes de amortización que permitan garantizar tanto la prestación del servicio a los usuarios como la rentabilidad de la actividad para los profesionales del taxi.