Un grupo de policías jubilados viven, actualmente, una pesadilla al enterarse de que el la Policía de Cádiz pretende desalojarlos de sus casas.

La Dirección General de la Policía (DGP) ordenó el desahucio de varios agentes de policía jubilados, entre los que se encuentra personas como Andrés Martínez, de 82 años.

Junto a él y otros compañeros, se encuentran dos mujeres viudas y los hijos de dos policías fallecidos, que vivieron parte de su vida en el interior de esas viviendas.

En la resolución emitida de uno de los expedientes, la DGP considera aprobada, por mayoría, “la ocupación de la vivienda, sin título legal para ello”, por lo que “transcurrido ampliamente” el plazo de diez días para presentar alegaciones, “estima el desahucio administrativo” del expedientado.

Se trata de viviendas habitadas para policías, donde algunos viven desde los años 50. Según la DGP, estas viviendas debían estar ocupadas mientras estuvieran activos, pero algunos residentes llevan 20 años viviendo, desde que se jubilaron.

Los afectados no entienden por qué la Administración no les explicó, de manera correcta, las condiciones. Algunos de ellos, que se encuentran en un estado delicado de salud, dicen estar pasándolo mal.