Verifactu
Hacienda retrasa un año la entrada en vigor del 'Verifactu', el sistema de facturación para pymes y autónomos
El Gobierno ha decidido retrasar un año la entrada en vigor de la obligación de que alrededor de 1,4 millones de empresas tuvieran que empezar a emitir sus facturas por medio del sistema conectado a la Agencia Tributaria, conocido como 'Verifactu'.

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El Ministerio de Hacienda pospondrá un año la entrada en vigor del nuevo sistema de verificación de facturas Verifactu para dar más margen a las empresas en su adaptación.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantó que el real decreto ley que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros, parte de los compromisos pendientes con Junts, incluye la ampliación del plazo para que las empresas digitalicen sus procesos de facturación en el ámbito fiscal.
Desde Hacienda detallan que la prórroga será de un año. Esto significa que el sistema Verifactu no será obligatorio hasta el 1 de enero de 2027 para los contribuyentes del impuesto de sociedades y hasta el 1 de julio de 2027 para el resto de profesionales y empresas.
Así funciona el funciona el sistema Verifactu
El sistema Verifactu obliga a que los programas informáticos de facturación generen un registro inalterable y accesible para la Agencia Tributaria, ya sea enviando la información directamente o almacenándola con garantías de seguridad. Esta normativa afecta a todos los profesionales y sociedades que utilicen software de facturación, excepto quienes ya están acogidos al Suministro Inmediato de Información (SII) y los residentes en el País Vasco y Navarra. Quedan fuera también quienes emiten sus facturas de forma manual.
La entrada en vigor de estas obligaciones estaba prevista inicialmente para el 1 de enero de 2026 para los contribuyentes del impuesto de sociedades y para el 1 de julio de ese año para el resto, pero finalmente se aplaza doce meses.
Sánchez anunció además que el real decreto ley introduce una mayor flexibilidad para que los ayuntamientos puedan realizar inversiones financieramente sostenibles, es decir, aquellas que no computan en la regla de gasto. Con esta modificación, los municipios tendrán más facilidad para impulsar proyectos que no supongan un incremento del gasto corriente, como la construcción de vivienda o mejoras en la gestión del agua, sin comprometer sus obligaciones fiscales.
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