Subida del SMI
El Gobierno anuncia que subirá el SMI en 2023 hasta alcanzar el 60% del salario medio
El secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ha asegurado que empezarán a trabajar en septiembre para definir la cifra.
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Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo y Economía Social, ha lanzado un claro y tranquilizador mensaje esta misma mañana: "Procederemos a subir el Salario Mínimo Interprofesional para el año que viene".
De esta forma, desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social trabajan ya para dar un nuevo impulso al SMI de cara al año 2023. Hace unos días fue el propio Pedro Sánchez el que adelantó esta noticia, cuando el presidente marcó este incremento como una de las tareas a "abordar el próximo otoño".
La inflación se disparó hasta el 10,2% en junio y alcanzó su máximo desde abril de 1985
Ahora, Pérez Rey ha confirmado que la reunión con la comisión de expertos está prevista para el 2 de septiembre. En ella se evaluará la subida y la nueva cifra de un SMI que ya experimentó un incremento este mismo febrero.
El secretario subrayó la intención del Gobierno de "cumplir" con el programa previsto y tratar de paliar de esta forma una inflación que se ha disparado hasta alcanzar su máximo este junio desde abril de 1985, con un 10,2%.
El objetivo es alcanzar el 60% del salario medio
La misión del Ministerio de Trabajo este otoño será calcular la cifra final que entrará en vigor en 2023. Actualmente, el Salario Mínimo Interprofesional se sitúa en los 1.000 euros brutos por cada una de las 14 pagas estipuladas.
Para este nuevo incremento la comisión asesora propuso varios rangos en función de los diferentes escenarios. El máximo, y con el objetivo de que el SMI alcance el 60% del salario medio en España, se calcula que tendrá que llegar hasta los 1.049 euros en 14 pagas.
Los jóvenes, los mayores perjudicados por la inflación
Esta medida buscará aliviar la presión sobre los menores de 30 años, los más afectados por la preocupante inflación. La subida de precios a nivel global y particularmente en el sector alimentario perjudican a un sector de la población que ha perdido poder adquisitivo.
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Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la renta neta de este grupo poblacional equivale únicamente a un 75% al de las personas jubiladas y pensionistas.
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