Los funcionarios de Justicia se encierran en el Ministerio al terminar la reunión sin acuerdo de subida salarial

El comité de huelga de los funcionarios de la Administración de Justicia se encierra en el Ministerio al terminar sin acuerdo la reunión mantenida para negociar una subida de hasta 430 euros brutos al mes y aseguran que seguirán allí "hasta ser recibidos por alguien capaz de negociar y de tomar decisiones".

Los funcionarios de Justicia llevan semanas reclamando al Ministerio una subida salarial y parece que las negociaciones para alcanzar un acuerdo seguirán después de la celebración de las elecciones generales el 23J.

Desde el Departamento que dirige la ministra Pilar Llop se han comprometido a "retomar" las conversaciones "una vez constituidos los nuevos gobiernos central y autonómicos", después de que la tramitación del anteproyecto de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa cayera por la disolución de las Cortes Generales con el adelanto electoral.

Los representantes de los sindicatos de CSIF, STAJ, CCOO y UGT que integran el comité de huelga han considerado que es "insuficiente". El Ministerio de Justicia lamenta "el grave perjuicio" que supone mantener una huelga de Justicia a 47 días de unas elecciones.

La reunión mantenida este martes es la tercera entre el Ministerio y los funcionarios que se enmarca en la huelga indefinida que empezaron los trabajadores el 17 de abril con paros parciales y que pasó a paros totales el 22 de mayo.

El secretario de Estado de Justicia abandona "de forma abrupta" la negociación

Los funcionarios de Justicia afean al secretario de Estado de Justicia, Antonio 'Tontxu' Rodríguez que haya "abandonado de forma abrupta" la mesa de negociación, "negándose a negociar las propuestas sindicales".

"Es absolutamente insuficiente y una burla después de mes y medio de huelga", ha señalado el comité de huelga tras la sesión matutina de la reunión prevista para este martes, según recoge 'Europa Press'.

Desde los sindicatos reclaman una subida salarial de 430 euros al mes para 45.000 funcionarios, en la línea pactada con los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y con jueces y fiscales.

Tras el anuncio de elecciones anticipadas, la Ley de Eficiencia Organizativa como las otras dos leyes de eficiencia han quedado paralizadas con la disolución de las Cortes Generales.

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