Huelga de funcionarios
Los funcionarios de justicia aplazan la huelga hasta que se celebren las elecciones generales
Los funcionarios de justicia reclaman una subida salarial de 430 euros brutos al mes y denuncian la situación vivida por parte del sector de la abogacía.
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Los funcionarios de justicia, que llevaban desde el pasado 22 de mayo en huelga, han aplazado la huelga hasta que se constituya el nuevo gobierno tras las próximas elecciones del 23 de julio. Los sindicatos aseguran que la problemática sigue y el conflicto no cesa. Todavía mantienen dos días de huelga general, el 11 y 20 de julio.
"La huelga indefinida queda aplazada hasta la constitución del nuevo Gobierno resultante de las elecciones generales y se mantienen dos días de huelga general, el 11 y el 20 de julio", ha anunciado el comité de huelga, formado por los sindicatos CSIF, STAJ, CCCO y UGT. Las huelgas provocadas durante las últimas semanas están provocando un serio atasco en los juzgados.
Encierro en el Ministerio
Las quejas por parte de los funcionarios de justicia han sido serias hasta el punto de que se encerraron en el Ministerio de Justicia durante varios días con el objetivo de sentarse a negociar con los dirigentes. Concretamente, afearon al secretario de Justicia, Antonio 'Tontxu' Rodríguez, por haber "abandonado de forma abrupta" la mesa de negociación, "negándose a negociar las propuestas sindicales".
Desde los sindicatos reclamaron una subida salarial de 430 euros brutos al mes para los más de 40.000 funcionarios, en la línea pactada con los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y con jueces y fiscales. Uno de los cuatro miembros que se encerraron dentro del Ministerio, tuvo que ser atendido por el Samur debido a que se encontraba 'indispuesto'.
Una Justicia más lenta
Los juzgados solicitan desde hace décadas una administración más eficaz que venga acompañada de una digitalización necesaria. El conflicto viene de hace tiempo y hay que añadir el paréntesis de la pandemia, el cual ha supuesto la suspensión de más de medio millón de juicios suspendidos.
La queja por parte del sector de la abogacía es unánime y aseguran que no se enteran de las suspensiones hasta que se desplazan a las propias salas, por lo que tanto a los clientes, peritos, testigos e intervinientes que acuden a los juzgados les resulta en vano. Los abogados, por lo general, suelen cobrar la minuta al finalizar el juicio y la situación les está llevando al límite.
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