Consumo investigará a empresas que operan en territorios palestinos ocupados

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha anunciado que iniciará una investigación a empresas que publicitan en España productos o servicios procedentes de los territorios palestinos ocupados por Israel. La medida se enmarca dentro del Real Decreto-Ley aprobado recientemente por e Gobierno para responder al genocidio en Gaza y reforzar el apoyo a la población palestina.

El artículo 4 del Real Decreto-ley establece la prohibición expresa de publicitar bienes y servicios originados en los asentamientos israelíes considerados ilegales por el Derecho Internacional. Con este marco legal, la Dirección General de Consumo tiene la orden de identificar y sancionar a las empresas que se lucran de la ocupación.

El propio ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ya había advertido en julio que el Ejecutivo pondría "todos los recursos necesarios" para garantizar que "ninguna empresa que opere en España tenga sus cuentas de resultados manchadas con la sangre del pueblo palestino", señala el ministro.

Informe de la ONU

La decisión de Consumo está en sintonía con el informe publicado en julio por Francesca Albanese, relatora especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados. En él se denuncia que existen compañías que obtienen beneficios directos de actividades desarrolladas en estas zonas, calificadas por la ONU como ilegales.

De hecho, Naciones Unidas actualizó recientemente su lista negra de empresas que colaboran, directa o indirectamente, con el mantenimiento de los asentamientos. En total, ya son 158 compañías incluidas en este registro, entre ellas cuatro españolas.

Empresas españolas señaladas

Las compañías españolas mencionadas en la lista de la ONU son ACS, Sociedad Española de Montajes Industriales (SEMI), CAF e Ineco. Todas ellas han reaccionado de manera inmediata tras conocerse su inclusión en la lista:

ACS negó tener actividad en Israel o en los territorios ocupados y recordó que SEMI dejó de formar parte del grupo en 2021. La constructora ha pedido a Naciones Unidas que retire su nombre de la lista.

Ineco, empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes, aclaró que solo trabaja en la parte reconocida de Israel. Aunque participa en un proyecto de tranvía que cruza territorio ocupado, su labor se limita al diseño de un túnel en la zona legal. Además, asegura que desde octubre de 2023 ha iniciado un proceso de desvinculación de cualquier contrato con Israel.

CAF, compañía vasca con participación pública, reconoció que su tranvía discurre por parte del territorio ocupado. No obstante, defiende que cumple con los derechos humanos y que sigue estándares de integridad, responsabilidad y transparencia.

SEMI, que ya no pertenece al grupo ACS, figura en la lista aunque su relación actual con la actividad denunciada es nula, según explicaciones de la propia constructora.

El Ministerio asegura que obtener beneficios económicos de la ocupación no solo incumple la nueva normativa española, sino que además constituye una actividad ilícita a la luz del Derecho Internacional. En otros países, como Países Bajos, las fiscalías ya investigan a compañías señaladas por posibles delitos de blanqueo de capitales relacionados con estas operaciones.

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