Muchos propietarios de viviendas se sienten indefensos ante el problema de los okupas y se preguntan quién les protege a ellos si alguien entra en su vivienda.

La ley recoge que si el propietario avisa y la Policía actúa en 48 horas, el desahucio puede ser inmediato, aunque si esto no funciona, lo más efectivo es denunciar por lo civil.

Hace menos de un año la ley se reformó para permitir que los propietarios pudieran recuperar su vivienda en cinco días. Sin embargo, en la práctica no es así: la Justicia está saturada y la tramitación se puede alargar meses. Además, si hay menores dentro de la vivienda ocupada, este proceso se puede retrasar todavía más.

Los expertos explican que tiene que haber una denuncia del propietario para echar a los okupas, pero al haber menores el caso tiene que pasar antes por los Servicios Sociales para que busquen una solución adecuada porque los niños no se pueden quedar en la calle.

Algunos propietarios han optado por recurrir a empresas que se encargan de echar a los okupas, sin embargo los expertos explican que esta práctica es totalmente ilegal.

Con la ley de desahucios exprés, si los titulares de la vivienda no son sociedades, los particulares pueden echar rápidamente a los okupas de su casa. Solo lo retrasaría que hubiera menores, personas en situación de vulnerabilidad o enfermos. En ese caso se avisa a los Servicios Sociales y estudia lo ocurrido.