Aumentar la oferta de vivienda o dar seguridad jurídica a los propietarios, las medidas clave para el alquiler

El problema de la vivienda es nacional, y en 2026 puede ser uno de los temas centrales en el discurso político. En medio de la batalla en el seno del Gobierno por la vivienda -recrudecida en los últimos días- , la parte Sumar del Ejecutivo ha avanzado un informe poniendo el foco en la diferencia de beneficios entre caseros e inquilinos.

Según el ministerio de Derechos Sociales, dirigido por Pablo Bustinduy, la renta media de los arrendadores es un 82% mayor a la de los inquilinos, y en algunas comunidades incluso esa cifra aumenta. Con este movimiento Sumar refuerza su negativa a apoyar las medidas en las que este lunes insistió el Gobierno, a pesar de que Sumar forma parte de ese mismo Gobierno. Los de Yolanda Díaz se quejan de que esas propuestas benefician a los propietarios, a los que ellos sitúan como "grandes tenedores", pero la realidad de España no es así.

Según el Banco de España, el 92% de las viviendas alquiladas pertenecen a particulares, es decir pequeños propietarios de más de 50 años y que utilizan mayoritariamente el dinero conseguido a través del alquiler para complementar su pensión, pagar otra hipoteca, o invertir.

Un perfil muy alejado de los grandes tenedores o fondos buitres contra los que carga parte de la izquierda, la Vicedecana de ordenación docente y gestión económica de EAE Business School, Sara Herrero, también desmiente que haya una representación amplia de grandes tenedores, aunque sí advierte que tienen una presencia "creciente".

La solución: construir más

La subida de precios es evidente desde hace años, y los expertos coinciden en una solución real: ampliar el parque de viviendas. Sara Herrero, además, pone en el foco en la seguridad jurídica que deben tener los propietarios.

"Un tema clave en España que todavía no se ha conseguido solucionar es el tema de la okupación. Mientras los propietarios no tengan la seguridad jurídica de que se va a respetar su propiedad privada y las rentas derivadas de la misma habrá un desincentivo total para que las personas pongan su piso en alquiler", dice Herrero incidiendo en que el problema de fondo es la "falta de oferta". Para ello, afirma, habría que liberalizar suelo, bajar impuestos y ayudar a los promotores a construir.

Este año caducan más de 600.000 contratos de alquiler que afectarán a más de un millón y medio de personas. La tendencia del mercado apunta a que el precio de esos alquileres subirá, ahondando, aún más, en el problema de la vivienda.

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