El tribunal presidido por Concepción Espejel, ha levantado la sesión tras algo más de tres horas en las que las defensas de Rosell, su mujer, Marta Pineda; su socio Joan Besolí, el cuñado de éste, Antonio Ramos; su amigo personal José Colomer, y su presunto testaferro, Sahe Ohanessian, han solicitado el sobreseimiento libre tras cuestionar el origen mismo de la instrucción. En concreto, ponen el foco en el inicio de la investigación, una comisión rogatoria remitida a España por la justicia estadounidense en relación a un movimiento bancario de Rosell entre aquel país y Andorra.

El abogado del expresidente del Barça, Pau Molins quiere que se admita como prueba en el juicio oral un certificado de Goldman Sach según el cual, su patrocinado nunca tuvo cuenta allí, lo que a su entender, dejaría sin sentido el origen mismo de las actuaciones. A esta tesis se han sumado el resto de los procesados, cuyas defensas, como la del socio Joan Besolí, plantean que quizá a Rosell "sólo" le investigó "porque presidía el Barça", ya que "la Fiscalía no tenía competencia para llevar a cabo aquellas diligencias".

"El Ministerio Fiscal tuvo conocimiento de estos hechos porque usurpó esa información", ha llegado a afirmar el abogado Andrés Maluenda, quien ha sugerido además que la instructora de la causa, Carmen Lamela, podría merecer algún tipo de reproche disciplinario. Para el fiscal José Javier Polo, no ha lugar a estas consideraciones dado que por definición, la Fiscalía debe investigar en cuanto tiene noticia de un hecho criminal y aquella comisión rogatoria estadounidense así lo constituía. "Para nada esto tiene que ver con el Fútbol Club Barcelona o cuestiones ajenas que pueden ser tangenciales y que en absoluto tienen nada que ver", ha apostillado.