Empleo

Así es el plan del Gobierno para mejorar los incentivos fiscales para las aportaciones de trabajadores, empresarios y autónomos

Las empresas con planes de pensiones pagarán menos cotización por empleado.

Cálculo de pensiones

Pixabay Cálculo de pensiones

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El Consejo de Ministros ha dado luz verde al proyecto de ley de Regulación para el Impulso de los Planes de Pensiones de Empleo, con el que pretende, entre otras cuestiones, mejorar los incentivos fiscales para las aportaciones de trabajadores, empresarios (especialmente para las PYMES) y autónomos.

El Ejecutivo culmina así su plan de fomentar el ahorro complementario sin alterar dice, el sistema público de pensiones. La norma apuesta por que el cobro de las prestaciones se haga en forma de renta mensual. Y no solo eso, sino que se deja la puerta abierta a que pueda realizarse a través de un capital. Además el texto sintetiza los procedimientos para crear planes de empleo. Solo será necesario la adscripción al plan simplificado del sector correspondiente, lo que rebajaría los costes de gestión.

Empleados

El proyecto de ley incorpora incentivos para el trabajador, que podrá aportar más que la empresa con unos límites que se establecen en función de la contribución empresarial. Hasta ahora, sólo podía ser igual, lo que generaba disfunciones y ralentizaba el crecimiento.

El trabajador se deducirá de la base imponible del IRPF su contribución al plan de empleo, que podrá llegar a 1.250 euros anuales si la empresa pone hasta 500 euros, a 2.000 euros si la empresa pone entre 501 y 1.000 euros, a 2.250 euros si la empresa aporta entre 1.001 y 1.500 euros, y a igual cantidad que la empresa si ésta aporta más de 1.501 euros (sin que sumen entre ambas más de 8.500 euros).

El límite de aportación para los planes de empleo se sitúa en los 10.000 euros. En todos los casos, los trabajadores pueden deducirse 1.500 euros de su plan individual o colectivo, tal y como se recoge en la Ley de Presupuestos de 2022. Esta herramienta tiene que estar siempre articulada a través de la negociación colectiva. Serán siempre las asociaciones las que promuevan el plan.

Empresas

Se reintroduce la no cotización de las contribuciones empresariales a la Seguridad Social (medida que existía hasta 2013) pero ahora con el límite de 115 euros al mes por empleado (1.380 euros al año), para favorecer que se desarrollen los planes colectivos, especialmente entre las rentas medias y bajas. Lo que supondría un ahorro de 400 euros por trabajador.

Autónomos

El proyecto fiscal establece una mejora en la deducción del IRPF para los autónomos. Este colectivo hasta 2021 se podía deducir 2.000 euros, con esta norma se podrán deducir hasta los 5.750 euros. A través de esta iniciativa se establece que los trabajadores autónomos puedan adherirse al plan colectivo sectorial que se desarrolle dentro de su actividad. De esta manera, por ejemplo, un autónomo que se dedique a de la construcción, podría participar en el plan de empleo que se negocie en su sector. C

Cambios en la gobernanza

El Gobierno será el encargado de promover los fondos colectivos, aunque su gestión dependerá de gestoras de fondos. Éstas se elegirán por concurso, de manera que se incentive la competencia y ofrezcan bajas comisiones para sus partícipes. Para ello, se abrirá un concurso basado en la igualdad, la transparencia y la libre competencia, como establece la Ley de Contratos del Sector Público.

En este nuevo proyecto de Ley se clarifica la separación de funciones entre las dos comisiones de gobierno y se adapta la composición de la comisión de control. La Comisión Promotora y de Seguimiento se responsabilizará de la selección de entidades gestoras y depositarias, el establecimiento de la estrategia de inversión a largo plazo, la constitución de los fondos de pensiones y el nombramiento de los miembros de la Comisión de Control Especial.

Estará integrada por nueve funcionarios: cinco de ellos procedentes de la Seguridad Social, uno del Ministerio de Trabajo, otro del Ministerio de Economía, otro del Ministerio de Hacienda y el último del Ministerio de Transición Ecológica. El cambio más significativo se da en Comisión de Control Especial. Los agentes sociales ganan protagonismo y se equilibra la composición. Mientras que antes eran 17 los miembros que formaban esta comisión, 9 de ellos elegidos por el Gobierno, 4 representantes de los sindicatos y 4 de los empresarios, ahora, serán 13 los componentes con 5 miembros escogidos por el Gobierno, y 8 representantes entre sindicatos y empresarios.

Las funciones de la Comisión de Control Especial serán la representación del fondo, la elaboración de la política de inversión de cada fondo, el control y la observancia del cumplimiento de las normas de los fondos, el examen de la actuación de la gestora y la supervisión de la misma y, en su caso, de la decisión sobre su sustitución. Con la nueva composición, se persigue el consenso entre las partes para la toma de decisiones, exigiéndose mayoría cualificada para algunas decisiones. También se han incluido novedades en el régimen de inversiones, añadiendo referencias a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y se han definido con mayor detalle los perfiles de usuarios y funcionalidades de la plataforma digital común.

Plazos

A la espera de la tramitación Parlamentaria, el Gobierno tiene como objetivo conseguir el impulso de los Planes de Pensiones de Empleo en 10 años, para el 2032. Y asegura que su éxito pasará por la estabilidad en el empleo que se conseguirá gracias dice, a la reforma laboral y la negociación colectiva.

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