El consejero andaluz de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, ha explicado que la última palabra la tiene la Comisión Internacional de Comercio de Estados Unidos, que se reunirá el próximo 10 de julio, y ha confiado en que revierta esa medida "injusta, desproporcionada y que no se ajusta a las normas del comercio internacional".

Ha alegado que las ayudas de la UE a la aceituna negra son legales y están reconocidas por la Organización Mundial del Comercio y, de hecho, se ha aportado las autoridades estadounidenses millones de datos y cientos de expedientes para justificar la legalidad de las ayudas. Sánchez Haro ha expresado su preocupación por que estas prácticas proteccionistas se puedan extender a otros cultivos.

Ha recordado que la denuncia partió de dos empresas californianas de aceituna contra las españolas, que tienen el 30% del mercado americano de este producto, por vender supuestamente por debajo del precio de mercado gracias a las ayudas europeas y, de esa forma, querían "aprovecharse de una pretendida ventaja competitiva".

El perjuicio para las empresas afectadas por la subida de los aranceles a la aceituna negra de mesa se cifra en unos 350 millones de euros en cinco años, ya que el sector exporta al año a Estados Unidos unos 70 millones de euros, y están implicadas unas 300 compañías, que generan unos 8.000 empleos.

La mayoría de las empresas son de la provincia de Sevilla, que es la principal productora de aceituna de España. Asimismo, el consejero ha avanzado que el ministro de Agricultura, Luis Planas, le transmitió su preocupación y que ambos analizarán la situación en un encuentro en Madrid.

Igualmente, el próximo viernes el consejero se reunirá con Asemesa, organización empresarial que aglutina al sector de la aceituna, para analizar la situación.