300.000 coches sin etiqueta ambiental se quedarán sin poder circular por Madrid el 1 de enero: qué opciones tienen sus dueños

La cuenta atrás se agota para los propietarios de los vehículos más antiguos de Madrid. A partir del 1 de enero, unos 300.000 coches sin distintivo ambiental tendrán prohibido circular por todo el término municipal. Sus dueños se enfrentan a un escenario limitado: venderlos fuera de la capital, guardarlos sin uso o llevarlos directamente al desguace.

La Unión Europea ha obligado a los grandes municipios a implantar zonas de bajas emisiones para reducir la contaminación, y ciudades como Madrid o Barcelona han adoptado las medidas más restrictivas. En la capital, esto se traduce en que el 15% del parque móvil quedará fuera de circulación si no se produce ningún cambio normativo de última hora.

Según la regulación vigente del Ayuntamiento de Madrid, dirigido por José Luis Martínez-Almeida, el 1 de enero de 2026 la Zona de Bajas Emisiones se extenderá a todo el perímetro urbano. A efectos prácticos, esto implica que ningún vehículo sin etiqueta medioambiental podrá circular dentro del término municipal. Estos son los coches afectados:

• Gasolina matriculados antes de enero de 2001 (Euro 3)
• Diésel matriculados antes de 2006 (Euro 4)

La prohibición incluye también a los residentes empadronados en la ciudad.

Madrid 360 cierra el cerco: de la M-30 a toda la ciudad

Desde hace años, Madrid ha convivido con espacios de acceso restringido como Madrid Central y, posteriormente, Madrid 360. Los coches con etiqueta ECO y CERO han disfrutado de ventajas, mientras que los B y C ya tenían limitaciones dentro de las zonas más céntricas.

En 2025 los coches sin etiqueta ya no podían circular por la M-30 ni su interior. Pero el salto de 2026 es mucho mayor: la restricción se amplía a toda la ciudad, aunque podrán seguir circulando por municipios limítrofes. Las sanciones son claras:

• 200 euros de multa (sin retirada de puntos)
• Posible inmovilización y retirada del vehículo

Un año de prórroga que no ha resuelto el problema

A finales de 2023, y a pocos días de la entrada en vigor de la norma, el Ayuntamiento decidió retrasar su aplicación un año para dar margen a los afectados. Sin embargo, doce meses después, la situación apenas ha cambiado: las asociaciones calculan que siguen siendo unos 300.000 los vehículos que no podrán circular desde enero.

Por ahora, el Ayuntamiento no se ha pronunciado sobre una nueva prórroga o un cambio en la ordenanza.

Un coste inasumible para muchas familias

Si esos 300.000 propietarios se vieran obligados a cambiar de coche, la factura sería gigantesca: unos 9.000 millones de euros tomando como referencia un precio medio de 30.000 euros por vehículo nuevo. El cálculo excluye, además, que muchos de esos coches están en buen estado y pasan las inspecciones obligatorias.

Asociaciones de vecinos y colectivos de afectados piden al consistorio que reconsidere la medida y habilite alternativas, ayudas o un nuevo calendario. Los conductores de estos vehículos se muestran indignados ante esta medida. Conchi, una de las perjudicadas explica que le es imposible económicamente comprar un coche nuevo: "Para mi comprarme un nuevo coche arruina la economía de mi casa completamente". Además, asegura que su coche funciona a la perfección y que es innecesario cambiarlo: "Si tiene la ITV es que el coche va bien. No debería tener que cambiarlo".

Una normativa que se extenderá a otras ciudades

En total debería haber unas 149 zonas en toda España que aplicasen esta norma, todos aquellos municipios de más de 50.000 habitantes. Sin embargo, tan solo unas treinta ciudades la llevan a cabo. Desde Bruselas ya llega una advertencia ante el incumplimiento de esta ley: habrá sanciones.

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