Sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo

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Fútbol

La Unión Europea insta a Barcelona, Real Madrid, Osasuna y Athletic a devolver los impuestos no pagados

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea obliga a Barcelona, Real Madrid, Osasuna y Athletic Club de Bilbao deben devolver los impuestos no pagados por beneficiarse de un trato fiscal favorable tras quedar exentos de la obligación general de transformarse en sociedades anónimas deportivas.

Varapalo judicial de la Unión Europea a Barcelona, Real Madrid, Osasuna y Athletic Club de Bilbao. Y es que estos cuatro clubes deberán devolver, como ha dictaminado el ribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), los impuestos no pagados por haberse beneficiado de un trato fiscal favorable tras haber quedado exentos de la obligación general de transformarse en sociedades anónimas deportivas.

El TUE invalida una sentencia anterior que tumbó la decisión de la Comisión Europea que exigía al Estado recuperar ayudas fiscales ilegales de las que se beneficiaron los cuatro clubes que durante 20 años disfrutaron de de un tipo fiscal ventajoso del 25% frente al 30% del resto.

El caso se remonta a 2016, cuando el Ejecutivo comunitario consideró que esta norma era contraria a las reglas del Mercado Interior y que se trataba de una ayuda pública ilegal, por lo que ordenó a España que lo suprimiera --algo que hizo ese mismo año-- y recuperase con carácter inmediato los beneficios otorgados a Madrid, Barcelona, Osasuna y Athletic.

Bruselas entonces exigió una multa de entre 0 y 5 millones de euros para cada equipo, aunque la cuantía final debían fijarla las autoridades españolas en el proceso de recuperación de las ayudas.

La decisión de Bruselas fue recurrida por dos de los clubes afectados, FC Barcelona y Athletic Club de Bilbao, y el Tribunal General del TUE estimó el primero, aunque rechazó el segundo, por cuestiones de procedimiento. El Ejecutivo comunitario interpuso entonces un recurso de casación contra este fallo.

Hoy, el Tribunal de Justicia de la UE ha dado la razón a la Comisión Europea y ha anulado la sentencia anterior del Tribunal General de la UE.

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