Reconocen que no leían las actas que advertían de posibles delitos

Hacían contratos de menos de 20 mil € para eludir concursos

Ninguno ha querido responder a las preguntas de la acusación particular. Y de nuevo, todos han reconocido que no se leían las actas en las que se advertía del supuesto delito urbanístico si se concedían algunas de estas licencias.

Éste es Felix Sierra, fue responsable de urbanismo desde 1999 hasta el año 2003. Se le acusa de cobrar 472 mil euros en sobornos dando licencias ilegales a constructores y luz verde a contrataciones q e no pasaban concurso público.

Las comisiones se las repartía Sierra presuntamente con estos tres técnicos municipales. Hoy ha negado haber mantenido reuniones con estos arquitectos.

Manuel Barrios, le sucedió en el cargo de Urbanismo a partir de 2003, también fue alcalde accidental. Dice que aprobaba los permiso porque confiaba en la palabra del secretario del ayuntamiento, ya fallecido.

Todos han negado haber recibido ni presiones ni haber cobrado por votar a favor de las licencias ilegales.

Y hoy nos hemos ido hasta ahora para ver algunos de esos presunto delitos urbanísticos que podemos encontrar, según la fiscalía, en todo el municipio, como por ejemplo donde tu estás, en El Pal Mar.

En pequeños corrillos los vecinos comentan cómo buena parte de los políticos que han dirigido el municipio en los últimos años se encuentran sentados en el banquillo. Para muchos un ejemplo para que quienes ahora ejercen de concejales y se encuentran en el gobierno municipal tengan en cuenta que la justicia aunque es lenta investiga.

A pocos les llama la atención que esta macrocausa en sus 60 tomos hable de presuntos cobros de comisiones, prevaricación continuada, tráfico de influencia o de licencias ilegales en buena parte de los barrios de Arona. Una macrocausa que investiga lo ocurrido en este municipio del sur de Tenerife entre 2003 y 2007.

También la urbanización de estas carreteras municipales se encuentran en el proceso judicial, su adjudicación podría ser fraudulenta, a dedo haciendo uso de contratos inferiores a 20.000 euros para eludir los concursos públicos.