Irene está separada. En el contrato de divorcio pactaron que su ex marido se ocuparía del pago de la hipoteca. "En el acuerdo de separación se dijo que no se pagaba la alimentación de los niños porque estaba pagando la hipoteca. Lo cierto es que yo he dado por sentado que se estaba pagando la hipoteca y resulta que te enteras de que no, que la tienes embargada, subastada y que te tienes que ir", asegura.
Su última esperanza es el nuevo decreto ley aprobado por el Gobierno. Es víctima de violencia de genero, su ex marido tiene una orden de alejamiento y el pago de la hipoteca es superior a la mitad de su sueldo. La vivienda les costó en su su día unos 20.000.000 de pesetas, 120.000 euros, aunque han pagado una parte, la deuda actual es mayor 140.000 euros. "Esa deuda no se por qué es. Supongo que habrán metido intereses de demora, costas judiciales, no se. Es un dineral y no voy a levantar cabeza en la vida", se lamenta.
El actual propietario, un banco, quiere derribar el inmueble para construir un edificio nuevo. Un negocio redondo, porque ella se queda en la calle y con la deuda intacta. "Tengo unos menores de los que soy responsable, no se si alguien se ha dado cuenta. En lugar de hacerte el día a día más llevadero, me lo están haciendo llevar con un lastre enorme".
Finalmente los agentes judiciales no aparecen. Irene lo celebra con un bizcocho con los allí congregados. El desahucio, de momento, tendrá que esperar.
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