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SONIA CASTEDO ESTÁ IMPUTADA POR TRES DELITOS
El juez admite la legalidad de las escuchas a la alcaldesa de Alicante
Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante, se ha mantenido en su cargo desafiando a su partido, a la oposición y a las asociaciones de comerciantes y empresarios que piden su dimisión. Y eso que las escuchas que le hizo la policía hablando con el empresario Enrique Ortiz no dejan lugar a dudas de la buena sintonía que había entre ambos.
Ha sido la primera mujer en ocupar la alcaldía de Alicante. El 17 de septiembre de 2008 Sonia Castedo estrenaba el cargo tras la dimisión del anterior edil Luís Díaz Alperi, fue él quien la propuso como su sucesora. Desde entonces, Castedo ha llevado una carrera política cargada de denuncias e imputaciones. Acusada de ser una de las cabecillas en la trama de corrupción del Caso Brugal que definía el Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, junto con su antecesor, el popular Luis Díaz Alperi, y su amigo el constructor, Enrique Ortiz.
El fiscal le imputó delitos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada, señalando que fue retribuida con regalos. A pesar de las duras acusaciones, ella nunca ha dado su brazo a torcer. Su partido la ha invitado a irse en varias ocasiones, pero Castedo se resiste y así lo ha demostrado.
En el acto de inauguración del AVE ya imputada y con las relaciones muy deterioradas con los miembros del PP ella apareció con la cabeza bien alta, tampoco quiso perderse el foro de la empresa familiar que inauguraba el Rey en Alicante el pasado 3 de noviembre, nadie quería hacerse la foto con ella. Castedo, doblemente imputada, tuvo la osadía a pesar de recibir ordenes contrarias de aparecer allí. Pero ahora tendrá que aceptar su rendición, y aunque no ha dimitido, no podrá presentarse de nuevo a la alcaldía.
En el último pleno celebrado en el Ayuntamiento, vovió a salirse con la suya al conceder a su íntimo amigo Enrique Ortiz la contrata de limpieza y recogida de basura. Un amigo especial como se demuestra en las escuchas telefónicas que pusieron al descubierto las posibles irregularidades y que Espejo Público ha tenido acceso.
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