"ESTAMOS SATISFECHOS POR LO OCURRIDO"

"ESTAMOS SATISFECHOS POR LO OCURRIDO"

Hablamos con el transportista que puso la demanda del céntimo sanitario

Jordi Besora es el transportista que ha ganado el pulso del céntimo sanitario al Gobierno. Se ha convertido en una especie de "héroe" al ser el demandante que llevó hasta Bruselas la demanda contra esta medida del Gobierno.

"Estamos satisfechos por lo ocurrido porque se ha creado una jurisprudencia al respecto", asegura un transportista muy satisfecho. Se trata de Jordi Besora el hombre que desde un principio vio que el cobro del céntimo sanitario podría no ser del todo legal. Ahora, más de 10 años después el Tribunal Europeo le ha dado la razón y obliga a España a devolver todo el dinero cobrado por este concepto durante estos años. Aunque al principio su demanda fue la única, al poco tiempo se sumaron varias empresas del sector del transporte de Tarragona. Actualmente su empresa reclama 45.000 euros a la administración. "La ley nos obliga a guardar todas las facturas y esperamos poder cobrar toda esa cantidad", asegura en Espejo Público.

Irene Mallols, abogada del transportista Jordi Besora y de otrs 59 transportistas, ha declarado a Espejo Público que se sienten muy satisfechos por este fallo judicial de Luxemburgo y, aunque no ha querido entrar a valorar el montante final de la operación, ha reconocido que puede ser un 25 por ciento superior a los 13.000 millones de euros que se ha barajado en un primer momento. "Habría que contar con la cantidad de particulares que no han demandado y con los intereses de todo este tiempo", afirma. Para reclamar ante Hacienda hace falta estar en posesión de la factura. "Debemos saber que el céntimo sanitario se aplicaba al litro de combustible, por lo que no siempre ese dato se recoge en el justificante de pago".

El ministro de Economía, Cristóbal Montoro ha asegurado que la Comisión Europea había avalado la imposición de este impuesto. "No se cuáles han sido los informes previos, pero lo que es un hecho claro es que en 2008 la Comisión Europea abre un expediente sancionador a España por este caso asegurando que era ilegal su cobro. Lo que no se es por qué el Gobierno no hizo nada entonces", asegura la abogada Irene Mallols.

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