Hoy, como cada lunes, vuelven a abrir los centros de salud tras el parón del fin de semana. Pero en esta ocasión tendrán 910.000 pacientes menos. Son los inmigrantes en situación irregular cuya tarjeta sanitaria lleva anulada desde el sábado, día en que la reforma del sistema de salud entró en vigor. De esos 910.000, más de la mitad, medio millón, corresponde a extranjeros que no residen actualmente en España. De hecho, un tercio de ellos proceden de la propia Union Europea. Se acabaría así con gran parte del llamado turismo sanitario.
Sin embargo, queda un 45%, es decir 410.000 sin papeles que sí residen en nuestro país pero que no podrán recibir asistencia médica. Sólo tendrán derecho a urgencias, maternidad y atención hasta los 18 años. Tambien serán tratados los enfermos crónicos o graves, pero este tratamiento se facturará al país de origen, aunque todavía no está claro cómo se efectuará el cobro.
Los inmigrantes irregulares que quieran recibir asistencia tendrán que abonar una tasa de entre 59 y 155 euros al mes. Un precio que denuncian las ONGs es excesivo y prohibitivo para la mayoria de sin papeles.
Esta es la norma para el conjunto del Estado, pero ojo porque no todas las comunidades autonomas las aplicarán. Asturias, País Vasco, Navarra, Cataluña, Andalucia y Canarias seguirán atendiendo a los sin papeles. Galicia y Castilla León, gobernadas por el PP, también mantendrán la asistencia aunque con condiciones.
Además de los inmigrantes, los españoles que no hayan trabajado o que cobren mas de 100.000 euros anuales dejarán de estar asegurados. En las farmacias también se notará la reforma, unos 400 medicamentos para dolencias menores ya no estarán cubiertos por la Seguridad Social. Con todas estas medidas, el Gobierno espera ahorrar en suma unos 1.500 millones de euros.
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