El Congreso da luz verde a que todos los huérfanos de violencia de género cobren pensión

Todos los grupos del Congreso han dado luz verde a tramitar la proposición del ley del PSOE que busca garantizar el cobro de una pensión de orfandaz por parte de los hijos de víctimas de violencia de género que, actualmente, dependen de que su madre asesinada haya tenido unos mínimos de cotización a la Seguridad Social a lo largo de su vida.  

La portavoz socialista de Igualdad, Angeles Alvarez, ha señalado que, diez años después de la aprobación de la ley contra la violencia de género, las reformas de ésta que se han ido realizando "no han dado solución de reparación" a unos hijos que están "en el desamparo absoluto".  

Alvarez se refiere a la modificación realizada en 2015 por el PP, que permite que los huérfanos por violencia machista sean considerados huérfanos absolutos (de madre y de padre) y pasen de cobrar el 20% de la base reguladora de la madre, al 52%.

Sin embargo, esta pensión sólo se cobra en el caso de que la víctima haya cubierto unos mínimo de cotización a la Seguridad Social, los mismos que los de cualquier otro huérfano: si está dada de alta o en situación asimilada al alta, haber cotizado 500 días en los últimos 5 años, y si no está dada de alta tener, al menos, 15 años cotizados.   

La proposición que ahora presentan los socialistas buscan eliminar estos requisitos, en gran medida porque, como ha señalado la diputada "muchas de las víctimas de esta violencia son expulsadas del mercado laboral precisamente por sus circunstancias personales". 

De este modo, el PSOE propone que los hijos cuyas madres no han cotizado a la Seguridad Social tengan una pensión garantizada de 677 euros.

Del mismo modo, también buscan que aquellos que sí están cobrando esta prestación tengan un aumento de la misma. Es decir, que su pensión se eleve hasta el 70% de la base reguladora de la madre. 

Finalmente, en el caso de que la víctima tuviera más de un hijo, se aplicaría el 118 por ciento de la base reguladora, a repartir entre los menores. "Así se equipara la cifra a las pensiones de viudedad", apunta Alvarez.   

Todos estos supuestos excluyen a los asesinos de las víctimas de violencia de género, dado que los padres pierden la patria potestad de los hijos tras ser condenados, por lo que no cuentan con su pensión. Pero, en el caso de que el padre se quite la vida o fallezca, los hijos sí sumarían a esa pensión mínima o al 70% de la base reguladora de su madre, el 20 por ciento de la pensión de su padre.   

En cuanto a la duración de esta prestación, se les aplica la establecida a cualquier otro huérfano, según la Seguridad Social. Es decir, hasta los 21 años, en el caso de que el joven ya esté cobrando el sueldo mínimo interprofesional o hasta los 25 años como máximo.

La totalidad de los partidos representados en el Congreso han mostrado su apoyo a esta iniciativa, aunque desde el PP, su portavoz Carolina España, ha señalado que no están de acuerdo con la forma, porque implica cuestiones jurídicas que deben tenerse en cuenta. Así, ha apuntado que estas pensiones son contributivas, mientras que con la propuesta socialista pasarían a no serlo.   

Por ello, ha señalado que esta norma se deberá debatir en el marco del Pacto de Toledo y también en la subcomisión creada en la Cámara Baja contra la violencia de género. "Es muy triste que teniendo abiertos ambos pactos no se haya tratado este tema con todos los grupos", ha apuntado España durante su intervención.   De forma similar se ha expresado la portavoz de Ciudadanos en esta materia, Marta Martín, quien ha reprochado a Alvarez de usar la medida de forma partidista cuando "podría haberla consensuado" en la subcomisión. 

Aún así, ha reconocido que el texto busca solucionar "fallos y lagunas" que existen en esta materia y que se han ido conociendo en estos años a través de los testimonios de las propias víctimas. En este sentido, ha recordado la intervención de David, hermano de una mujer asesinada por su pareja, quien, durante un homenaje en el Congreso a la primera fiscal de sala de violencia contra la mujer, Soledad Cazorla, denunció su "calvario" para poder adoptar a su sobrina.   

Finalmente, la diputada de Unidos Podemos Sofía Castañón, ha asegurado que la propuesta del PSOE es insuficiente porque, a su juicio, estos huérfanos deberían equipararse a los del terrorismo, en el sentido de que el Gobierno "debe empezar a asumirlo como una responsabilidad social" y "como una cuestión de Estado".  

Del mismo modo, ha recriminado al PP que tumbara en el Senado una proposición similar de su formación, por lo que ha pedido "responsabilidad y decencia" a los 'populares' en esta ocasión. "Hay diputadas del PP que se lo toman en serio y que no creo que piensen que los vetos son útiles", ha señalado la diputada para concluir con una denuncia: "Nos están matando".