Unos 2.000 vecinos de Vinaroz, uno de los municipios donde se perciben más intensamente los temblores, se han manifestado para expresar su preocupación ante los seísmos en la costa norte de Castellón y el Delta del Ebro. Frente a sus costas se encuentra ubicado precisamente el almacén subterráneo Castor, presunto responsable de la cadena de temblores.
Los numerosos participantes se han concentrado desde antes de la hora prevista frente al Ayuntamiento y las calles y plazas aledañas, al no tener cabida en la plaza Parroquial, para protestar ruidosamente contra el almacén gasístico al que vinculan esos seísmos. La marcha se ha desarrollado sin incidentes y ha durado en torno a una hora.
Los asistentes han hecho sonar silbatos, cacerolas y otros utensilios mientras golpeaban con insistencia las placas metálicas que delimitan las obras de la iglesia arciprestal y lucían lemas como 'Vota el poble' y 'Castor fora d*aquí que mos asustes els llagostins'. La concentración, en la que también han participado los alcaldes de Vinaròs, Benicarló y Peñíscola, ha contado con la asistencia de representantes de los grupos políticos de Vinaròs y de poblaciones vecinas, como portavoces de los principales partidos de la oposición.
Además, el presidente de la Diputación castellonense, Javier Moliner, ha anunciado la puesta en marcha de medidas. La tramitación del proyecto de inyección de gas se realizó entre los años 2008 y 2010. Por esa razón, la Diputación de Castellón denunciará a los ministros socialistas de Medio Ambiente y Energía que intervinieron en la autorización: Narbona, Espinosa, Sebastián y Clos.
Moliner ha argumentado que no exigieron informes de riesgos sísmicos, algo que confirma el Conseller de Interior de la Generalitat catalana, Ramón Espadalé. A esa denuncia se sumará también el alcalde Vinaroz,
La Generalitat catalana ha comunicado a los alcaldes de Tarragona que se ha activado el Plan de Emergencias sísmicas, como ya hiciera el Gobierno valenciano. Ambos piden a la empresa más información de sus mediciones.
Paralelamente, el Gobierno no autorizará nuevas inyecciones de gas en el almacén subterráneo Castor hasta que no haya garantías "totales" para la seguridad. Tanto el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, como el de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, han coincidido en anunciar que la actividad del almacenamiento no se reanudará mientras no haya garantías técnicas de seguridad para las personas y los bienes.
El Ministerio de Industria cesó la actividad del almacén subterráneo de gas Castor el pasado jueves tras registrase cientos de pequeños seísmos en la zona. El ministro ha apuntado además que "hay una probabilidad muy alta" de que los seísmos se deban a la inyección de gas colchón -el mínimo necesario para funcionar-, según indica el Instituto Geológico Nacional y el Instituto Geográfico, aunque todavía no hay "constancia científica".
Soria ha insistido en que "ahora mismo la prioridad del Gobierno es saber por qué se están produciendo esos movimientos sísmicos" y que, hasta que no se desvele, "no podemos decir cómo vamos a actuar". Para ello, el Gobierno ha establecido una coordinación entre los ministerios de Interior, Agricultura, Economía e Industria bajo la dirección de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Además, el Gobierno está en contacto con la Generalitat de Cataluña, la de Valencia, las delegaciones de Gobierno y los expertos de los institutos geográfico y geológico.
El movimiento de tierra más intenso desde que comenzaron a registrarse estos terremotos relacionados con el proyecto Castor se produjo en la madrugada del martes con una magnitud de 4,2 grados, y llevó a activar el plan de riesgo sísmico de la Generalitat valenciana. Esta serie de seísmos en el Golfo de Valencia no han afectado a la central nuclear de Vandellòs II ni a la plataforma petrolífera Casablanca, que Repsol instaló frente al Delta del Ebro, en Tarragona, según fuentes de ambas instalaciones.
Pese a ello, varias entidades ecologistas han pedido la paralización inmediata de las tres centrales nucleares catalanas (Ascó I y II y Vandellòs II, las tres en Tarragona) ante el riesgo derivado de estos seísmos. El proyecto Castor, con una inversión de 1.200 millones de euros, trata de aprovechar un antiguo pozo petrolífero a 1.750 metros de profundidad bajo el nivel del mar para suministrar hasta un tercio de la demanda de gas del sistema durante 50 días, pero, al parecer, la inyección de gas ha provocado desde el pasado 13 de septiembre centenares de seísmos, la mayoría de baja intensidad.
