Las restricciones al tráfico rodado para rebajar la contaminación y sus efectos sobre la salud se aplican en países europeos a través de medidas que van desde las multas, a la gratuidad del transporte público y el pago de tasas para los coches más sucios y viejos.
El grado de buena o mala acogida entre vecinos, conductores, taxistas y comerciantes varía en cada caso, mientras que todas las ciudades han visto reducidas sus tasas de tráfico e índices de contaminación. La capital parisina y municipios limítrofes han optado desde hace varios años por el sistema de la alternancia de las matrículas de número impar/par de los coches. Las reducciones de la circulación por el centro de la capital francesa, donde entran a diario tres millones de vehículos, han ido del 15 al 20 por ciento, y en las grandes vías de entrada y salida de París el descenso ha rondado el 35%.
Los conductores que obvian la norma pagan multas de 22 euros, excepto los coches que transportan a un mínimo de tres personas, los vehículos de transporte, los de tracción eléctrica y los conducidos por agentes comerciales y periodistas con carné profesional. En Francia, la ley sobre el aire y el uso racional de la energía obliga a que los transportes públicos sean gratuitos cuando se impone la circulación alterna, algo que representa un coste de unos 4 millones de euros al día en la región de París.
Desde 2010, Francia tiene declaradas seis zonas de acción prioritaria para el aire, en las que cuando se superan los índices de contaminación hay que alertar a la población, reducir la velocidad de los coches o restringir el tráfico.
Distinto es el caso de Lisboa, donde la mayoría de vehículos con más de quince años no pueden circular por sus calles más céntricas. La normativa municipal responde a las demandas de las autoridades europeas, que han alertado que Lisboa comporta unos elevados niveles de contaminación atmosférica. Las multas para los infractores de la norma, que se aplica los días laborables de 7 de la mañana a 21 horas, son 24 euros.
Pese a que la nueva ley no incluye los coches de residentes, las motocicletas, los vehículos históricos o de emergencia y los de las fuerzas de seguridad, se calcula que más de 100.000 conductores que circulan por alguna de estas áreas se verán afectados por la medida.
Otro modelo es el elegido por Berlín, donde los vehículos portan etiquetas para identificar el nivel de contaminación de sus tubos de escape. Desde muchos años atrás, las ciudades alemanas apuestan por el transporte público y el uso de la bicicleta.
Una de las soluciones más conocidas para frenar la contaminación es la de Londres, cuyo ayuntamiento decidió declarar sus áreas de mayor tráfico como Zonas Penalizadas de Congestión (CCZ en sus siglas en inglés) en el año 2003. Todos aquellos conductores que quieran acceder a estas áreas penalizadas, salvo los que circulen en un coche eléctrico, tienen que pagar una cuota diaria de 10 libras (11,8 euros) entre las 7 de la mañana y las 6 de la tarde, de lunes a viernes, bajo multas de incumplimiento de entre 60 y 180 libras.
Los fondos recaudados se destinan en su integridad a mejorar el sistema público de transporte de la ciudad. Ocho años después de la implantación del CCZ, las autoridades aseguran que las emisiones contaminantes se han reducido entre un 17 y un 20 por ciento, y el tráfico un 20 por ciento. Otra de las actuaciones más contundentes llevadas a cabo en Reino Unido es la Zona de Bajas Emisiones, que, desde 2008, obliga al pago de una tasa a los vehículos comerciales grandes con motores diesel.
En Italia existe la norma de cerrar al tráfico los centros urbanos como mínimo una jornada cuando se registran valores de contaminación por encima de los niveles fijados por la UE.
