HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS

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Un mes del accidente de Santiago: dos imputados y todavía 14 hospitalizados

Tras 31 días del descarrilamiento del tren Alvia en la curva de A Grandeira de Santiago, en el que fallecieron 79 personas, continúa la incógnita de saber quiénes y cuántos son realmente los responsables. Paralelamente a las indagaciones del juez, el accidente ha supuesto la supervisión del sistema ferroviario para evitar que un drama de estas proporciones se pueda repetir.

Se cumple un mes de la mayor tragedia ferroviaria ocurrida en décadas en España, el descarrilamiento del tren Alvia en la curva de A Grandeira de Santiago, en el que fallecieron 79 personas, 14 de los más de 150 heridos en el accidente permanecen hospitalizados en distintos centros de Galicia.

Desde aquel 24 de julio, en que el ferrocarril a Ferrol procedente de Madrid descarriló al tomar una curva a una velocidad que, como el propio maquinista admitió, era muy superior a la permitida en el tramo, han abandonado los hospitales numerosos heridos, mientras ha ido avanzando la investigación judicial y han comenzado a tomarse decisiones políticas.

El juez que lleva el caso, Luis Aláez, imputó al maquinista cuatro días después del siniestro, aunque semanas después el caso dio un vuelco cuando también acordó imputar, por apreciar imprudencia, al responsable o responsables de seguridad del tramo Ourense-Santiago a fecha de 24 de julio, día del accidente, para lo que demandó de ADIF que le concrete quiénes son.

Este asunto crea ahora la incógnita de saber quiénes y cuántos son realmente los imputados, ya que el gestor ferroviario ADIF tiene previsto remitir al juzgado una relación detallada de cargos responsables de la seguridad en los últimos años.
El instructor tomó la decisión al entender que aunque las muertes y lesiones ocurridas en el accidente están "obviamente conectadas" con el exceso de velocidad, también lo están con la "omisión de medidas de seguridad preventiva de naturaleza vial" y con una conducta "imprudente" de los responsables de seguridad, decía su auto.

Mientras en este tiempo en Galicia surgió una ola de solidaridad hacia las víctimas y de reconocimiento tanto a los primeros que auxiliaron a los accidentados, los "héroes" del barrio de Angrois, y al personal de emergencias o sanitario, el juez Aláez iba tomando declaración a varios testigos, entre ellos el propio maquinista, al que ha imputado por 79 homicidios por imprudencia.

En las últimas semanas, además, ante el juez han declarado las personas que estuvieron con el maquinista en los primeros momentos del accidente y también al interventor del tren que, según ha trascendido, habló hasta once segundos antes del accidente con Garzón por teléfono.

Paralelamente a los testimonios, el juzgado también afronta este agosto la depuración definitiva de potenciales pasajeros del tren siniestrado, ya que el Instituto de Medicina Legal propuso un listado que debe ser revisado.

Este mes el juzgado ha recibido igualmente para su análisis abundante material videográfico, como las imágenes del punto kilométrico en que se registró el accidente desde el momento en que ocurrió hasta 24 horas después, mientras ha reclamado documentación a Adif y Renfe, y al Congreso de los Diputados el diario de sesiones de la comisión en la que comparecieron la ministra y los responsables de los dos organismos.

En la causa judicial había, hasta el pasado día 19 en que se facilitó la última lista, un total de 28 particulares personados, aunque la cifra puede aumentar porque hay familias que tienen más de una víctima, además de Adif, Renfe y dos compañías aseguradoras y una asociación de afectados, recién creada, que también tiene previsto personarse.

Paralelamente a las indagaciones del juez, el accidente ha supuesto la supervisión del sistema ferroviario para evitar que un drama de estas proporciones se pueda repetir.

"Todo en este momento está sometido a revisión" para propuestas de mejora, decía la ministra de Fomento, Ana Pastor, al anunciar el día 9 de agosto en el Congreso un conjunto de medidas para aumentar la seguridad en las vías, entre las que figuran un repaso de las velocidades o la instalación de comunicaciones "manos libres" en las cabinas de los trenes.

Mientras tanto, 14 personas siguen ingresadas en distintos hospitales de Galicia, tras el alta hoy mismo de dos heridos, que han visto pasar desde la fatal noche del 24 de julio a más de 150 lesionados. Uno de los hospitalizados sigue en estado crítico.

El siniestro también ha llegado a la política y el jueves pasado comenzaron a aflorar los primeros encontronazos entre el PSOE y PP respecto a las responsabilidades del suceso.

Así, el portavoz adjunto de los populares en el Congreso, Rafael Hernando, insistió en que el trazado de la vía se cambió con el anterior Gobierno socialista, lo que mereció la crítica de la número dos del PSOE, Elena Valenciano, y de la responsable de política social, Trinidad Jiménez, que le demandó prudencia.

En Galicia, dos de los grupos de oposición, AGE y el BNG han sido duramente críticos con lo que consideran descoordinación en la gestión de la emergencia o la falta de medidas de seguridad, mientras, hasta ahora, el PSdeG ha apelado a la prudencia y ha registrado iniciativas para que se explique en el Parlamento la gestión de la catástrofe.

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