Ángela González, víctima de violencia de género y madre de la niña de 7 años que fue asesinada por su padre en 2003, ha pedido una disculpa pública del Gobierno, de los trabajadores sociales y del Defensor del Menor que conocieron su caso y ha preguntado: ¿cuánto cuesta la muerte de una hija?
"Todos los recursos presentados fueron rechazados, nadie vio ningún error. Me atrevo a decir que ni a esta Justicia, ni a nadie, le importó la muerte de mi hija", ha dicho Ángela, en la primera comparecencia pública tras conocer el dictamen de la ONU que reprueba a España por no haber protegido a su hija a pesar de sus denuncias.
Acompañada de responsables de la ONG que presentó la demanda ante el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw), Women's Link Woldwide, Ángela ha lamentado que ningún miembro del Gobierno se haya puesto en contacto con ella.
Al ser preguntada por cual cree que debería ser la indemnización y reparación que España debería otorgarle, por recomendación de la ONU, debido a esta falta de diligencia, ha dicho que para ella "es una cuestión secundaria".
"Me gustaría que todos ustedes y el Gobierno me dijeran cuánto cuesta la muerte de una hija asesinada por su padre", ha asegurado esta víctima de violencia de género, quien ha insistido en que "los hijos de padres maltratadores siempre manipulan a sus hijos y son utilizados como moneda de cambio con el único objetivo de hacer daño a sus madres".
Durante el acto, en el que ha tenido que contener en varias ocasiones la emoción, Ángela ha celebrado haber encontrado "justicia, aunque lamentablemente fuera de mi país", y ha destacado que haya sido de forma unánime y con el respaldo de 35 miembros de este comité de Naciones Unidas.
"Esto no hay quien lo recompense, pero en parte he sido recompensada porque necesitaba que alguien me diera la razón, que dijera que había habido fallos en la justicia y que mi hija no había sido custodiada. Necesitaba salir a la luz para dejar de ser invisible", ha dicho.
Pero sobre todo, para Ángela, son necesarias las disculpas de "las trabajadoras sociales de Mejorada del Campo (Madrid) que no hicieron correctamente sus informes y del Defensor del Menor que dictaminó que las visitas del padre con la hija fueran en régimen abierto porque no se podía prever lo que iba a pasar".
La abogada de la ONG que ha defendido su caso, Paloma Soria, ha reiterado la obligación del Estado de cumplir este dictámen y ha recordado que, aunque España haya cambiado las leyes desde 2003, cuando ocurrieron los hechos, debe haber "voluntad política" y mayor formación en los jueces y funcionarios que intervienen en estos casos.
Esta víctima de violencia de género ha reconocido que durante este largo proceso judicial ha tenido deseos de "tirar la toalla, porque todas las puertas se cerraban y nadie reconocía ningún error". "¿Qué haría yo ahora?, debería haberme ido con mi hija fuera de España".
Para Ángela, se inicia "una nueva etapa", en la que ha manifestado que intentará seguir luchando para que no vuelvan a ocurrir casos de desprotección ante las situaciones de maltrato.
