La juez asegura que Josefa mostró una "actitud rebelde" y no merecía la suspensión de la condena

La Audiencia de Las Palmas ha decidido dar una segunda oportunidad a la vecina de Fuerteventura Josefa Hernández para que siga disfrutando de la libertad con sus hijos y nietos, pero también le ha advertido de que si ha pasado tres días en prisión, es básicamente por su culpa. La ya conocida como 'abuela de Fuerteventura' ha abandonado este jueves la cárcel de Tahíche, en Lanzarote, donde ha pasado los últimos tres días y medio.

La sección primera de la Audiencia ha hecho público el auto que ha permitido a Hernández, de 62 años, abandonar la prisión de Tahíche, en la que ingresó el pasado lunes, 24 horas antes de que el Consejo de Ministros la indulte. La decisión del tribunal no tiene nada que ver con la medida de gracia que previsiblemente le va a otorgar el Gobierno, sino con que los magistrados consideran que Josefa Hernández es una persona de "escasa peligrosidad", que "ahora sí", subrayan, manifiesta una disposición "aparentemente firme" de cumplir su sentencia.

La Audiencia cree "prudentes" las razones que llevaron al Ministerio Fiscal a pedir su liberación, pero también defiende a la juez que mandó a Tahíche a Josefa al apreciar en ella una "actitud rebelde" y reacia a derribar lo que ilegalmente había construido. "Vaya por delante que los argumentos de la magistrada de instancia para denegar la suspensión de la pena privativa de libertad no nos parecen, para nada, insensatos ni descabellados, sino sólidos y consistentes, porque lo cierto es que la condenada no ha procedido a la demolición de lo ilegalmente construido (...) y puede incluso haber construido con posterioridad una nueva pequeña edificación", razona el magistrado Miguel Ángel Parramón, en nombre del tribunal que ha dejado en libertad a Josefa.

La Audiencia recuerda a Josefa que sus circunstancias personales -medios escasos, avanzada edad y cuidado de tres menores y una discapacitada- ya fueron tenidas en cuenta en su momento para imponerle la condena que corresponde a los delitos contra la ordenación del territorio en su grado mínimo (seis meses). Pero, además, le advierte de que esas razones personales "no justifican desde luego la pasividad mostrada ante su deber de reparar el daño causado" a un espacio natural protegido.

El tribunal no solo defiende a la juez que encarceló a Josefa al calificar de "sólidos" sus argumentos, sino que lanza un serio reproche a la anciana: "La Sala considera que buena parte, si no toda, la culpa de la denegación de la suspensión cabe situarla en el solo haber de la condenada, que no ha mostrado la probidad exigible en la reparación del daño causado que se espera de un condenado". Sin embargo, se inclina por darle una segunda oportunidad, a apelando a su "poca peligrosidad" y a la "función resocializadora y de reinserción" que tienen las penas de acuerdo con la Constitución.

Eso sí, le impone dos condiciones: no podrá cometer delito alguno en cinco años y deberá derribar lo ilegalmente construido en seis meses, un plazo que considera "suficiente" para que "consiga los medios económicos, si los tuviere, así como las ayudas administrativas" a las que aludía su defensa en la apelación.