La instalación de radares en semáforos crea polémica en cinco localidades valencianas

Hasta 12 cámaras se han instalado en cinco municipios valencianos para sancionar a aquellos conductores que crucen los semáforos en rojo.

Los vecinos se quejan del aumento de multas que han sufrido ya que en cuatro meses han recibido más de 24.000 sanciones. Aseguran que del ámbar al rojo apenas hay tiempo para poder frenar y denuncian que se hace sólo por afán recaudatorio.

El Ayuntamiento obtiene el 70% del total de la multa, que asciende a 200 euros y cuatro puntos del carnet, mientras que la empresa privada que llevó a cabo la instalación recauda el 20% de dicha cantidad.

Desde los consistorios se defienden aseverando que la transición entre el ámbar y el rojo es totalmente legal. Además aseguran que estas cámaras se instalaron en la pasada legislatura y en la mayoría de municipios ha cambiado el partido del gobierno.

Defienden que están tratando de quitar las cámaras pero tendrían que indemnizar a la empresa instaladora por quitar el servicio, lo que supondría un alto coste.