La red ha utilizado dos empresas, una de ellas ficticia, para que, al menos 130 personas, a las que se les acusa de delitos contra la seguridad social, estafa, falsedad documental y pertenencia a organización criminal, pudieran beneficiarse del cobro de subsidios por desempleo, incapacidad temporal y maternidad, entre otras.
La investigación se inició a principios de 2014, cuando la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social detectó prácticas irregulares en dos empresas de la localidad murciana de Torre Pacheco, que llevaron a los inspectores a pensar que se pudiese estar llevando a cabo una defraudación en masa.
Las pesquisas llevaron a comprobar que estas mercantiles habían generado un fraude a la Seguridad Social constitutivo de delito, por lo que se informó a la Guardia Civil, cuyos agentes localizaron a una persona en Torre Pacheco que tenía una empresa legalmente constituida y otra ficticia para formalizar los contratos irregulares.
Según las fuentes, la primera mercantil, que supuestamente aparentaba actividad, se dedicaba al comercio al por mayor de frutas y verduras, para lo que disponía de un centro de trabajo y, además, contaba con una cartera de clientes y proveedores.
La segunda mercantil, por su parte, carecía de sede social, clientes o proveedores, lo que manifestaba su supuesta utilización como 'pantalla' para la práctica de actividades ilícitas, han explicado las fuentes, que han señalado que al frente de ésta había una persona, vinculada a la anterior, que actuaba a modo de 'testaferro'.
Los agentes descubrieron también que tras estas supuestas actividades comerciales existía un entramado en el se facilitaban, previo pago de 100 euros, contratos laborales a particulares con la finalidad de obtener prestaciones públicas, aunque el precio se elevaba dependiendo de las necesidades de cotización que los particulares necesitaban.
Además, los agentes descubrieron que estos trámites administrativos "fraudulentos" eran gestionados a través de una gestoría laboral de Torre Pacheco (Murcia), y que estas empresas acumulaban más de 400.000 euros de deuda por el impago de impuestos.
Tras cotejar datos, los agentes de la Benemérita identificaron a un elevado número de personas, residentes en distintas provincias españolas, que se beneficiaban de ayudas estatales obtenidas irregularmente a través de las empresas investigadas.
Los detenidos, las diligencias y la documentación obtenida han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de San Javier (Murcia).
