La Policía Nacional ha desalojado la casa 'okupada' por personas de ideología de extrema derecha en el barrio madrileño de Tetuán, sin que se hayan registrado incidentes.
En el momento del desalojo sólo había tres personas que no han ofrecido resistencia
Según han informado fuentes policiales, el llamado Hogar Social Ramiro Ledesma, ubicado en la calle de Juan de Olías, estaba ocupado a la hora de la intervención, a la ocho de la mañana, únicamente por tres personas, que no han ofrecido resistencia a los agentes de la Unidad de Intervención Policial, que han dado cumplimiento a una orden judicial.
Cuando los antidisturbios han llegado al edificio sólo han encontrado a tres hombres de mediana edad a los que han instado a abandonar el inmueble y a recoger sus pertenencias, tras lo que les han conducido al exterior antes de que un cerrajero procediera al cierre de la vivienda, en la que apenas quedaban ya enseres y comida.
Las tres personas que quedaban en la vivienda han sido identificadas por los agentes, que han comprobado que no son integrantes del Movimiento Social Revolucionario (MSR), al que pertenecen los primeros ocupantes del edificio.
La Policía ha intervenido al tener constancia de que los ocupantes finalmente habrían desistido de su intención inicial de recurrir la resolución judicial que ordenó el desalojo.
Sin embargo, en la cuenta de Twitter abierta por el Hogar Social Ramiro Ledesma (@HogarSocial_Mad), los ocupantes han criticado que la Policía ha echado la puerta abajo "sin mostrar la orden y sin respetar el derecho a recurrir".
"Pese a la persecución por parte de la justicia, los medios, y la histeria, Hogar Social Madrid sigue adelante", han escrito en esta red social horas después de que el inmueble sea desalojado.
El juez ordenó el desalojo tras recibir la denuncia de la entidad propietaria y un informe de la Policía
La expulsión se ha producido después de que el miércoles pasado los okupas recibieran la notificación del auto del Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid en el que se ordenaba el desalojo urgente del edificio y su restitución a la entidad propietaria, el Centro Cultural Hispano-Chino.
El juez ordenó el desalojo tras recibir la denuncia de la entidad propietaria y un informe de la Policía en el que se argumentaba la necesidad de hacerlo cuanto antes, debido a los incidentes ocurridos entre estos "okupas" y personas de ideología opuesta que frecuentan el Centro Social "La Enredadera", ubicado a unos 600 metros.
Un miembro del colectivo "okupa" explicó que su abogado iba a recurrir la orden de desalojo, por lo que la expulsión se paralizaría unos quince días.
Añadió que mientras el grupo buscaría otro edificio para continuar con su iniciativa de alojar y ofrecer comida a personas necesitadas pero dando prioridad siempre a los españoles.
