Lo ha avanzado la portavoz del PP en el Ayuntamiento, Àngels Esteller, cuya formación está llevando la batuta de los cambios normativos de la ordenanza del civismo para lograr la prohibición total de la prostitución en la calle.
La nueva regulación tiene una vertiente social, pues se estudia que las prostitutas puedan conmutar de forma parcial o total las multas si se apuntan a un programa para dejar esta actividad que organice la Agència per l'Abordatge Integral del Treball Sexual (Abits), cuyo presupuesto se ha aumentado un 67% este año, alcanzando los 1,4 millones.
Es una de las medidas por acabar de definir, y la edil popular ha destacado que debe quedar claro en la nueva regulación que para no pagar las multas debe haber "compromiso y voluntad" de las chicas de acabar los programas, evitando así posibles malas aplicaciones.
Otra novedad es que se eliminará el aviso previo de la Guardia Urbana, y que sólo si es desatendido deriva en multa, lo que Esteller ha defendido: "Buscamos cobertura legal para que la Urbana pueda actuar y prohibir con determinación la prostitución en la calle".
Los cambios entrarán en vigor previsiblemente en agosto, y sólo falta concretar detalles en los próximos días entre PP y el Gobierno municipal de CiU antes de someterlos a aprobación en la Comisión de Presidencia del 18 de julio, y a definitiva en el pleno del día 25.
Se prevén sanciones mayores para clientes (300-700 euros) que prostitutas (100-300), y que se agraven para todos si se negocia a 200 metros de un colegio (750-1.500) o se mantienen las relaciones en la calle (1.500-3.000), aunque los importes aún deben cerrarse.
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