Hace ya 20 años, la Guardia Civil registró una denuncia que dio carácter oficial a uno de los sucesos más macabros de la historia reciente en España: la desaparición y posterior hallazgo de los cadáveres de Miriam, Toñi y Desirée, las tres niñas de Alcàsser, un herida social que la fuga de Antonio Anglés mantiene sin cura.
Cuatro lustros después, ningún cuerpo de seguridad se aventura a especular sobre él. Nadie sabe siquiera si está vivo. La única certeza es que la Justicia le declaró autor material de los asesinatos en colaboración de Miguel Ricart, atrapado y condenado a 170 años de prisión.
El último recuerdo en vida de las tres adolescentes data del 13 de noviembre de 1992, cuando fueron vistas dirigiéndose a la discoteca "Coolor" de Picassent, localidad en la que se encuentra una de las mayores prisiones del Estado, centro al que Anglés decidió no regresar tras disfrutar de un permiso.
Los delitos de Anglés sus delitos podrían prescribir por haber pasado 20 años desde que fueron cometidos
Alcàsser y Picassent están separadas por unos tres kilómetros, y las jóvenes decidieron hacer autostop para evitar hacer esa distancia a pie. El coche que las recogió dejó atrás la discoteca e inicio un trágico camino conducido por sus dos captores.
Horas después, interpuesta la denuncia, la Guardia Civil inició una búsqueda que anticipaba un resultado grave, puesto que enseguida se descartó la hipótesis de la fuga voluntaria y se constató, mediante interrogatorio a propietarios y clientes, que las niñas nunca habían llegado a "Coolor".
La operación, en la que se implicó activamente el Ministerio del Interior, concluyó el 27 de enero de 1993, cuando un agricultor que caminaba por el paraje de La Romana, cerca de la presa de Tous, descubrió los cuerpos semienterrados de las tres menores.
Los forenses revelaron que Miriam, Toñi y Desirée fueron torturadas y violadas antes de morir de un disparo. La repercusión mediática del triple crimen, alimentada por la programación sensacionalista, alcanzó tales cotas que a las pocas horas del hallazgo se instalaron platós de televisión en Alcásser.
Numerosos analistas recuerdan ese 27 de enero como el inicio de la "telebasura". Las pruebas encontradas en torno a los cadáveres permitieron la detención de varios sospechosos al día siguiente, entre ellos Miguel Ricart y Enrique Anglés -hermano de Antonio-, que fue puesto en libertad el 30 de enero.
Ricart confesó los hechos en su primera declaración, en la que apuntó también hacia su compañero habitual, pero Antonio ya había emprendido la fuga, y desde entonces se desconoce su paradero.
Las especulaciones han sido muchas. Se le ha dado por ahogado en aguas de la costa de Irlanda, se han encontrado supuestos restos óseos en una playa y ha sido visto en países de Latinoamérica y Europa.
Ninguna pista ha sido cierta, y ahora existe un nuevo motivo de alarma social: sus delitos podrían prescribir por haber pasado 20 años desde el día en el que fueron cometidos.
El Juzgado de Instrucción número 6 de Alzira ha dictado una resolución en la que pide a las partes personadas en la causa que se pronuncien sobre este asunto. Quiere conocer su postura antes de tomar una decisión al respecto.
El debate jurídico se centra en determinar la fecha exacta a partir de la cual se contabiliza la prescripción. En este caso, según fuentes judiciales consultadas, puede contar el día de la desaparición, el día que fueron encontradas o incluso el de las detenciones.
Alejado de plazos y entresijos judiciales, el recuerdo colectivo mantiene una fecha, el 13 de noviembre de 1992. El día en que tres niñas desaparecieron y Alcàsser quedó estigmatizado por un crimen.
