Un juez investiga en Cataluña a 47 médicos, imputados por colocar prótesis en mal estado compradas a la empresa Traiber.
Esta entidad está afectada por una alerta sanitaria emitida por la Agencia del Medicamento por vender prótesis de cadera, rodilla y columna en mal estado o caducadas. El juez trata de averiguar si los médicos, sabiendo esas condiciones, usaban esas prótesis a cambio de comisiones y regalías.
Según la investigación, la empresa sobornaba a los facultativos con dinero, que podía ir desde los 500 hasta los 1500 euros o viajes para que utilizaran sus implantes en más de 30 hospitales de Cataluña.
Varios traumatólogos e incluso el presidente del Colegio de Médicos de Barcelona, Miquel Vilardell, que afirma que "nunca he recibido nada" y añade que nunca "nadie se ha dirigido a mi ni directa ni indirectamente".
En esta pieza, también están investigados cargos públicos como la ex primera teniente de alcalde de Reus Teresa Gomis (Ciu) y el exconcejal de Promoción Económica Marc Arza (Ciu) por haber presionado, presuntamente, al Hospital de Sant Joan de la ciudad para que compraran a Traiber.