En declaraciones a la cadena Cope, Martínez ha asegurado que se encuentra a la espera de recibir los permisos indispensables para responder a la petición del titular de Instrucción 4 de Granada, Antonio Moreno, según ha informado este emisora en un comunicado. El instructor del caso dio al arzobispo un plazo de tres días para la entrega inmediata del expediente eclesiástico que contiene la investigación interna que llevó a cabo para depurar responsabilidades en el ámbito eclesiástico.
El arzobispado ha sostenido que ha venido colaborando desde el primer momento con el Juzgado y que ha aportado cuanta información se le ha solicitado. Asimismo, considera que la Congregación para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede es la única instancia competente para el conocimiento de las responsabilidades canónicas que se pudieran haber producido, de acuerdo con la legislación canónica.
Esta congregación del Vaticano es la que posee, ha añadido, la documentación procedente y la que podría autorizar su traslado a una instancia civil y la eventual divulgación de aquellas informaciones hechas "en el ámbito de la conciencia". El juez, en un auto que ya ha sido notificado al Arzobispado por funcionarios judiciales, advirtió de que solicitar las declaraciones y los interrogatorios escritos de los sacerdotes sobre los que se inició expediente eclesiástico es "lícito y pertinente".
El instructor señaló asimismo al prelado que, después de más de seis meses, "escudarse" en la competencia de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que tiene funciones de juzgar canónicamente pero no siempre de instruir, supondría "indiciariamente una evidente negativa a cumplir y colaborar con las autoridades civiles, o de ocultación".
En la causa, cuya investigación comenzó en octubre del 2014, fueron imputados diez sacerdotes y dos seglares, aunque el principal imputado y considerado el cabecilla de "Los Romanones", el padre Román, es el único contra el que actualmente continúan las actuaciones judiciales.
