PARA ACTUAR SIN UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL

PARA ACTUAR SIN UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL

La Policía francesa tendrá más poderes tras el fin del estado de emergencia

El Gobierno francés está preparando un proyecto de ley que entraría en vigor una vez que finalice el estado de emergencia en febrero para otorgar más poderes a la Policía. El objetivo de esta medida es reducir la necesidad del estado de emergencia ya que las fuerzas del orden tendrían más autoridad para llevar a cabo procesos que hasta ahora no podían sin una orden judicial. Además las penas por tráfico de armas se endurecerán y las fuerzas del orden podrán organizar falsas operaciones de compra y venta de armas para infiltrarse.

La Policía francesa durante una manifestación en París
La Policía francesa durante una manifestación en París | Getty Images

El Gobierno francés prepara un proyecto de ley que busca otorgar más poderes a la policía para actuar sin un procedimiento judicial, ideado para poner fin al estado de emergencia decretado tras los atentados yihadistas de París del 13 de noviembre.

El diario 'Le Monde' ha revelado el contenido de esa proposición legislativa -enviada el 23 de diciembre al Consejo de Estado para que examine su legalidad-, que se marca como objetivo "obtener herramientas eficaces susceptibles de reducir la necesidad del estado de emergencia".

Un ejemplo de esas medidas son los registros administrativos -sin necesidad de orden judicial- de domicilios por la noche, que serán posibles de forma preventiva cuando haya un riesgo de que se atente contra la vida o contra la integridad física. Esos registros, que antes del estado de emergencia no podían llevarse a cabo de madrugada antes de las 6 de la mañana, podrán producirse desde que se haya abierto una información judicial preliminar, es decir, antes de que haya un magistrado instructor designado, en casos de terrorismo.

Las fuerzas del orden podrán recurrir a los medios electrónicos de interceptación por radio (IMSI-Catchers), conexiones de ordenador o de teléfono con una simple autorización de la Fiscalía en los asuntos de delincuencia organizada.

En esa misma línea, se podrán hacer escuchas o videovigilancias incluso en un domicilio -hasta ahora sólo cuando daba el visto bueno un juez instructor- en una investigación de un delito flagrante o en la fase preliminar, bajo la supervisión de un magistrado de las libertades y de la detención.

Se endurecerán las penas por tráfico de armas y las fuerzas del orden podrán montar operaciones falsas de compra o venta de armas para infiltrar y hacer caer una red, como ocurre en el tráfico de drogas. Se ampliarán las prohibiciones para adquirir armas a personas condenadas y para ello sus nombres se incluirán en una lista negra.

Por otra parte, los agentes tendrán menos restricciones para recurrir a sus armas de servicio, ya que se excluirá su responsabilidad penal cuando su uso sea "absolutamente necesario" para neutralizar a una persona que acabe de cometer algún asesinato y haya "razones serias" de que puede volver a hacerlo próximamente. Igualmente se autorizarán los registros de vehículos y equipajes sin haber recibido luz verde judicial a instancias de la prefectura (delegación del Gobierno) en las proximidades de instalaciones o lugares considerados "sensibles" o para "prevenir un atentado grave contra la seguridad de las personas y los bienes", según el diario.

En cuanto a la residencia vigilada, una medida administrativa muy utilizada desde la entrada en vigor del estado de emergencia en la medianoche del 14 de noviembre, el Ejecutivo pretende que pueda aplicarse sin intervención judicial para personas que han vuelto de zonas donde estaban integrados en grupos yihadistas o que habían tratado de viajar allí. Esa residencia vigilada tendría una limitación temporal de un mes, pero podría tener como complemento (durante seis meses) la obligación del sospechoso de dar las claves de su conexión a internet y de su teléfono, no tener contacto directo o indirecto con otras personas señaladas, y no salir de los límites de un determinado municipio.

Por calendario, el proyecto de ley no podrá entrar en vigor antes de que llegue a su término el estado de emergencia, fijado para el próximo 26 de febrero.

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