Al menos 40 detenidos en China por criticar o manifestarse contra el desfile militar

Al menos 40 activistas o peticionarios chinos han sido arrestados o perseguidos por tratar de acudir al desfile militar celebrado en Pekín a protestar o por criticar el evento, confirmaron desde la organización Chinese Human Rights Defenders (CHRD).

Las detenciones se han producido en distintas provincias y ciudades de China, como Shandong (este), Cantón (sur) o en Shanghái, después de que activistas y peticionarios -ciudadanos que viajan a la capital a reclamar justicia- trataran de desplazarse a Pekín, explicó la investigadora de CHRD, Frances Eve.

Uno de los casos más llamativos es el de un veterano de guerra discapacitado de 51 años, Li Jiangliang, que desde finales de los 90 ha estado reclamando justicia por una disputa con diversos funcionarios locales que le intimidaron y amenazaron, y que nunca fue resuelta.

El veterano se convirtió en peticionario por aquel entonces dada la falta de respuesta de las autoridades judiciales locales. Por sus intentos de reclamar justicia, fue sentenciado a tres años de cárcel y, desde entonces, considerado un "criminal" a ojos del Gobierno.

El hombre fue interceptado por la Policía el día 27 de agosto cuando estaba viajando hacia Pekín desde la provincia de Henan, centro, con la intención de reclamar la amnistía para criminales anunciada por el presidente Xi Jinping con motivo del 70 aniversario del final de la II Guerra Mundial celebrado en China.

Según los datos de CHRD, la Policía ha decidido arrestarle unos quince días. Su caso, denunció Eve, evidencia que la amnistía anunciada por Xi "es un burdo truco propagandístico": "El trato violento al que se enfrentó Li por tratar de que le fuera revocado su estatus evidencia lo difícil que es conseguir justicia para aquellos que se han visto perjudicados por el sistema chino".

Otro de los ejemplos destacados por la organización es el de una peticionaria, Chen Qiongshu, que criticó el desfile en internet, con un comentario en el que opinaba que el evento era un malgasto de dinero público para un país "con numerosos problemas sociales".

Por sus comentarios, las autoridades decidieron modificar una sentencia anterior de cárcel contra la peticionaria -considerada culpable de alteración del orden público por participar en una protesta contra la empresa de taxis para la que trabajaba- que le había sido conmutada por libertad condicional. Ahora las autoridades se han echado atrás y han decidido que Chen debe cumplir un año y medio de prisión por ese delito.