La justicia argentina desestima la demanda de Nisman contra Cristina Fernández

El fiscal de la Cámara de Casación, Javier de Luca, desestimó la denuncia del fallecido Alberto Nisman contra la presidenta argentina, Cristina Fernández, por presunto encubrimiento de terroristas, informaron fuentes judiciales. De Luca presentó su dictamen ante la Cámara de Casación Penal, a la que había apelado el fiscal Germán Moldes, de la Cámara Federal, después de que ese tribunal desestimara la denuncia.

"Desisto fundadamente del recurso interpuesto por el colega que me antecediera en la etapa", explicó el fiscal en el dictamen. La Cámara Federal no tiene más remedio que, si considera fundada (en términos objetivos) esta decisión de su propia sala fiscal, archivar la denuncia contra Fernández de Kirchner.

Moldes recurrió la decisión de la Sala Primera de la Cámara Federal a favor de no imputar a la presidenta argentina, denunciando que "hay una especie de imposición para que esto (el caso AMIA) no se abra, para que esto no se escarbe". Moldes argumentó que es necesario "correr el velo que cubre, en contra del ideario constitucional, el conocimiento y la publicidad de los actos de Gobierno para atender así a los intereses generales de la sociedad argentina".

La Sala Primera tumbó el 26 de marzo --por dos votos en contra y uno a favor-- el recurso presentado por Pollicita contra la decisión de Rafecas de no imputar a Fernández de Kirchner por "inexistencia de delito".
El 4 de marzo Pollicita apeló la decisión de Rafecas al considerar que descartaba "en forma anticipada y prematura las hipótesis traídas a conocimiento a través de la denuncia" de Nisman contra la líder izquierdista. "La decisión de proceder al cierre inmediato del sumario, sin realizar ninguna de las medidas que habían sido propuestas en el requerimiento de instrucción, impide contar con información esencial", argumentó Pollicita.

El 13 de febrero, Pollicita anunció la imputación de Fernández de Kirchner, así como de su ministro de Exteriores, Héctor Timerman, del diputado oficialista Andrés Larroque, del líder sindical Luis D'Elía y del dirigente de la coalición izquierdista Quebracho, Fernando Esteche. El fiscal se basó en la denuncia de 300 páginas presentada por Nisman cuatro días antes de que fuera hallado muerto en su apartamento de Buenos Aires en un aparente suicidio que poco a poco han ido desmontando las pruebas periciales.

Nisman denunció "la existencia de un plan delictivo destinado a dotar de impunidad a los imputados de nacionalidad iraní acusados en dicha causa (AMIA), para que se sustraigan de la acción de la justicia argentina". De acuerdo con Nisman, el Gobierno de Fernández de Kirchner habría negociado con la República Islámica un acuerdo por el cual se comprometía a diluir la acusación contra los sospechosos iraníes a cambio de un canje de petróleo persa por granos argentinos.

Pollicita también hizo suyos los cargos de Nisman apuntando a un delito de "encubrimiento", con una pena de entre seis meses y tres años, otro de "impedimento o estorbo del acto funcional", con entre 15 días y seis meses de cárcel, y otro de "incumplimiento de los deberes de funcionario público", con entre un mes y dos años.

Sin embargo, el 26 de febrero, Rafecas consideró que no se dan los elementos necesarios para que prosperase la denuncia de Pollicita, tumbando así las imputaciones de Fernández de Kirchner y los demás dirigentes oficialistas. "No hay un solo elemento de prueba, siquiera indiciario, que apunte a la actual jefa de Estado", dijo Rafecas, explicando que las evidencias recabadas desmienten "de un modo rotundo y lapidario" la existencia de delitos y "se contraponen de modo categórico al supuesto 'plan criminal' denunciado".

En cuanto al Memorándum de Entendimiento (MOE) con Irán, el juez dijo que solo hubo "una expectativa de gestación", ya que "en unas pocas semanas", la República Islámica "abandonó todo interés en el asunto" y en estos dos años "no hubo avance alguno". "¿Cómo puede un instrumento jurídico que nunca cobró vida constituir un favorecimiento real, una ayuda material concreta prestada --en este caso-- a prófugos de la justicia argentina?", cuestionó Rafecas.