La Fiscalía nipona pide más de 6.000 euros de multa para 'artista de la vagina'

La Fiscalía de Japón pidió una multa de 800.000 yenes (unos 6.080 euros o 6.600 dólares) para la pintora y escultora Megumi Igarashi, conocida como la "artista de la vagina", por distribuir objetos obscenos. Iragashi, de 43 años, está acusada por las autoridades niponas de distribuir datos para imprimir réplicas en 3D de su vagina a través de internet a cambio de dinero en octubre de 2013 y marzo de 2014. Además, la pintora nipona fue detenida en diciembre de 2014 por exhibir en una exposición en Tokio obras que reproducían genitales femeninos.

En la primera sesión del juicio contra la artista, que comenzó el pasado mes de abril, Iragashi admitió los hechos, aunque negó la existencia de delito con el argumento de que su trabajo artístico "no tiene nada de obsceno". Iragashi, que trabaja bajo el pseudónimo 'Rokudenashi-ko' ('Chica mala'), aseguró que en su obra utiliza los genitales femeninos como tema principal pero, dijo, no de una manera salaz.

En ese sentido, un profesor universitario especializado en la historia del arte testificó ante el tribunal en defensa de Igarashi al considerar que su trabajo "no parece ser un material obsceno que cause excitación sexual".

En su última intervención en el juicio, Iragashi pidió un proceso imparcial. "No puedo estar de acuerdo con mi detención por haber creado obras que desafían la imagen existente asociada a los genitales", concluyó. Su abogado añadió que la distribución de datos se produjo "como parte de una actividad creativa con el objetivo de que sus seguidores lo usaran para crear nuevas obras". Una vez conocida la petición de multa de la Fiscalía, la sentencia contra la artista se hará publica el próximo 9 de mayo, informó la agencia Kyodo.

El caso de Igarashi ha desatado la condena de colectivos culturales de distintas partes del mundo que lo consideran una grave violación de la libertad de expresión y también generó una campaña en el portal de peticiones públicas de Change.org que recolectó miles de firmas exigiendo su liberación y exculpación. El código penal japonés prevé una pena máxima de hasta dos años de prisión o una multa de hasta 2,5 millones de yenes (19.640 euros/20.900 dólares) por distribuir material obsceno.