La Fiscalía francesa pide la absolución de Dominique Strauss-Kahn

Para el fiscal de Lille (norte de Francia), Frédéric Fèvre, ni la información judicial ni las audiencias llevadas a cabo han permitido establecer que el antiguo responsable del FMI incurriera en el delito que se le imputa.

"Trabajamos con el código penal, no con el código moral", afirmó Fèvre en el tribunal, donde admitió que, aunque le ha sorprendido "la ausencia total de consideración hacia las mujeres" que tenían los encausados, lo que el proceso ha permitido desvelar son las prácticas de un grupo de amigos, no una "red mafiosa".

El grupo está acusado de organizar una quincena de orgías con prostitutas en Bélgica, París, Washington o Nueva York tomando como base de operaciones el Hotel Carlton de Lille entre 2007 y 2011, cuando el exministro socialista, conocido como DSK, todavía estaba al frente del FMI.

El juicio oral comenzó el 2 de febrero, pero el proceso se inició en 2011, cuando denuncias anónimas llevaron a la Policía Judicial de Lille a investigar supuestas actividades de prostitución en ese hotel y en el de Des Tours, en la misma ciudad.

Para otro de los imputados, "Dodo la Saumure", alias de Dominique Alderweireld, dueño de varios prostíbulos en Bélgica, el fiscal reclamó en cambio dos años de cárcel, uno de ellos exento de cumplimiento, y una multa de 10.000 euros.

"El cuadro que nos pinta de sus establecimientos es idílico, pero del 'Almuerzo sobre la hierba' de Manet se pasa rápidamente al 'Guernica' de Picasso", afirmó el fiscal sobre el considerado jefe de ese grupo, en declaraciones recogidas por los medios locales.

Esa es la mayor pena requerida contra uno de los imputados hasta la fecha. Para el antiguo relaciones públicas del Carlton, René Kojfer, no hubo petición de prisión firme, sino 15 meses de cárcel exentos de cumplimiento.

Para otros como el antiguo propietario del hotel, Hervé Franchois, se solicitaron ocho meses exentos de cumplimiento y 10.000 euros de multa, mientras que para el abogado Emmanuel Riglaire se pidieron tres meses exentos de cumplimiento y 5.000 euros.