AL MENOS DOS MUERTOS EN LOS ENFRENTAMIENTOS

Estado de emergencia en Perú por las protestas contra una empresa minera

El gobierno peruano ha decretado el estado de emergencia en una provincia del sur del país después de la muerte de dos personas en los enfrentamientos entre la policía y la población local, que protesta desde hace días contra una empresa minera.

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  • El gobierno peruano ha decretado el estado de emergencia en una provincia del sur del país después de la muerte de dos personas en los enfrentamientos entre la policía y la población local, que protesta desde hace días contra una empresa minera.
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Video: antena3.com

antena3.com/EFE  |  Madrid  | Actualizado el 29/05/2012 a las 12:16 horas

Al menos dos muertos es el balance de los enfrentamientos entre la policía y la población peruana, que protesta desde hace días contra una empresa minera. Como consecuencia de esta situación, el gobierno del país ha decretado el estado de emergencia.

La población de la provincia de Espinar, en la región de Cuzco, exige que se investiguen los supuestos daños ambientales causados por la mina de cobre Tintaya. Es explotada por la minera suiza Xstrata y quieren que se eleve del 3 al 30 por ciento la aportación al desarrollo de la empresa a las autoridades locales.

El ministro del Interior, Wilver Calle, ha confirmado la muerte de las dos personas y dijo que la Policía tuvo que responder ante los "ataques, provocación y medidas de fuerza, con quema de pastizales y lanzamiento de piedras" de los manifestantes. Calle añadió que el lunes hubo 30 policías heridos, que se sumaron a los 46 del domingo. "Se usaron balas de goma y cuando se puso en peligro a la policía ellos tuvieron que repeler el ataque. Las muertes han sido a consecuencia de la actitud que han tomado los pobladores", afirmó.

Según un decreto que fue leído en el palacio gubernamental, el estado de emergencia se dictó para garantizar la seguridad y el libre tránsito en la zona, así como "la plena vigencia de los derechos fundamentales". La medida, que estará vigente durante 30 días y entrega el control del orden interno a la Policía, comprende la suspensión de garantías relativas a la libertad de tránsito y reunión, a la seguridad personal y la inviolabilidad de domicilio.

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