Donald Trump, en su primer discurso ante el Congreso

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ENTRARÁ EN VIGOR EL 16 DE MARZO

Trump firma la nueva versión de su polémico veto migratorio, que ahora excluye a Irak

El Gobierno de EEUU ha prohibido en un nuevo decreto la entrada al país durante 120 días de los refugiados de todo el mundo. El nuevo decreto migratorio excluye a los nacionales de Irak debido a que Bagdad se ha comprometido a colaborar en la investigación de sus ciudadanos, según altos funcionarios estadounidenses. Siguen afectados los ciudadanos de Irán, Somalia, Yemen, Libia, Siria y Sudán, todos ellos países de mayoría musulmana.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado la versión revisada de su polémico veto migratorio a refugiados y a los ciudadanos de países de mayoría musulmana. El texto sigue prohibiendo la entrada de refugiados al país y detendrá la emisión de visados a los ciudadanos de Irán, Somalia, Yemen, Libia, Siria y Sudán, todos ellos países de mayoría musulmana. Su fecha de entrada en vigor será el 16 de marzo.

Frente al primer veto, emitido el pasado 27 de enero y bloqueado por una decisión judicial, la nueva orden deja fuera a los ciudadanos de Irak y a los de los países afectados con residencia permanente en EEUU o ya estén en posesión de un visado. Bagdad se ha comprometido a colaborar en la investigación de sus ciudadanos, según explicaron altos funcionarios estadounidenses. Según esas fuentes, el Gobierno de Irak se ha comprometido a mejorar los estándares de documentación con los que viajan sus ciudadanos a EEUU, y a ejecutar en el "tiempo oportuno" los procesos de repatriación de sus nacionales con órdenes de deportación en Estados Unidos.

Además, el Gobierno de EEUU prohibió en un nuevo decreto la entrada al país durante 120 días de los refugiados de todo el mundo, con el fin de reforzar los procedimientos de seguridad y asegurarse de que las personas que piden asilo no suponen una amenaza para la seguridad de los estadounidenses. En la anterior orden, bloqueada en los tribunales, se prohibía de manera indefinida la entrada de refugiados sirios a Estados Unidos, pero esta vez el Gobierno no los menciona de manera específica y los incluye con el resto de refugiados, por lo que tendrán prohibida su entrada al país durante 120 días.

El nuevo decreto de Trump no afectará a los ciudadanos que poseen la tarjeta de residente permanente ('green card'), un permiso que permite a los extranjeros trabajar en el país y solicitar la ciudadanía estadounidense. El Gobierno de EEUU subrayó que la nueva orden no afecta a los residentes permanentes, un grupo de ciudadanos que vivió gran confusión en los días siguientes a la proclamación del anterior veto del 27 de enero debido a que las autoridades detuvieron en los aeropuertos a personas con permiso de residencia.

El secretario de Estado de EEUU, Rex Tillerson, dijo que el nuevo veto migratorio es "vital" para la seguridad del país, y pidió a sus aliados en todo el mundo que "entiendan" que se trata de un esfuerzo "temporal" para reforzar los controles migratorios. "La orden ejecutiva firmada por el presidente para proteger al país de la entrada de terroristas extranjeros es una medida vital para fortalecer nuestra seguridad nacional", dijo Tillerson en una comparecencia ante la prensa junto a los titulares de Justicia, Jeff Sessions, y Seguridad Nacional, John Kelly, y en la que no admitieron preguntas.

Con su primer veto migratorio, Trump prohibía la entrada al país de los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana (Irak, Irán, Somalia, Yemen, Libia, Siria y Sudán) durante 90 días y suspendía el programa de acogida de refugiados durante 120 días. En el caso de los refugiados sirios, esa suspensión era indefinida.

Tras una semana de caos y confusión durante la cual el Gobierno ya introdujo algunas modificaciones, un juez federal suspendió el veto de forma temporal para estudiar su constitucionalidad, una decisión que luego mantuvo un tribunal de apelaciones al que Trump había recurrido. La respuesta del Gobierno de Trump ha sido preparar una nueva orden con la que pretenden evitar problemas judiciales.

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