'CASO HACIENDA'

'CASO HACIENDA'

El tribunal pide "reproche social" para los condenados

El tribunal del "caso Hacienda" ha pedido un "reproche social" para los empresarios condenados por haber sobornado a inspectores. Lo pide sobre todo para la cúpula corrupta de Hacienda, que se alió con los "económicamente fuertes" mientras era "excesivamente rigurosa" con el resto de ciudadanos.

El tribunal pide "reproche social" para los condenados
Núñez Clemente junto a su abodado | EFE

En la sentencia, en la que condena con penas de hasta 13 años de cárcel a los inspectores corruptos y a los empresarios que les sobornaron, la sección novena expresa su "repulsa" por el comportamiento de los condenados y considera que deben ser objeto "de un importante reproche, no sólo penal, sino incluso social".

Según el fallo, el perjuicio causado por los condenados, que supera los 36 millones de euros, afecta en última instancia a todos los contribuyentes, ya que "a quien se defraudó fue a la Hacienda Pública", encargada de redistribuir la riqueza para reforzar las carencias sociales y económicas de determinados grupos sociales, crear riqueza y mantener el Estado Social.

Según el tribunal, el hecho de que los condenados "que han perpetrado estos hechos tengan una relevancia social y profesional, incide aún más en el reproche social y por ende penal", sobre todo teniendo en cuenta que los grupos empresariales implicados y sus directivos y asesores condenados "fueron un referente, empresarial, social y en algunos casos cultural" durante la época en la que cometían los delitos.

Especialmente crítico se muestra el tribunal con la cúpula corrupta de Hacienda, liderada por Josep Maria Huguet y los exinspectores Abella, Berga y Pernas, y señala que, a cambio de una "recompensa económica a su deslealtad", se aliaron con los "económicamente fuertes" para hacer una "clara dejación de sus labores funcionariales".

La sección novena incide sobre todo en el hecho de que esta permisividad de la cúpula corrupta de Hacienda con los empresarios condenados por sobornarles contrasta con el hecho de que los inspectores "fueron excesivamente rigurosos" en la aplicación de las normas al resto de ciudadanos.

En este sentido, la sentencia recuerda que la Inspección General de Cataluña "tenía fama de muy rigurosa y 'dura'". Sobre los empresarios condenados, remarca el fallo que, en vez de contribuir a construir un tejido empresarial fuerte, "optaron por primar sus espurios intereses y enriquecerse personalmente, a costa del sacrificio del resto de los contribuyentes", que además han tenido que paliar las defraudaciones producidas por este caso de corrupción.

Se trató, según el tribunal, de una "auténtica trama de corrupción para defraudar al Estado español, que ha minado las bases más elementales de su estructura económica, como es el sistema impositivo, y la lealtad de los encargados de su control, que sin duda ha debido suponer una gran pérdida de confianza de los ciudadanos en aquellos que administraban 'su dinero'".

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