El juez Eloy Velasco a su llegada a la Audiencia Nacional.

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CONTRA EL 'FRENTE DE CÁRCELES' DE ETA

Tres tesoreros de Herrira, a prisión en la operación Mate

Del total de 16 arrestados, el juez Eloy Velasco ha dictado orden de prisión para Francisco Javier Balda, Jon Mintegiaga y Javier Carballido. El magistrado considera que los acusados actuaron, pese a la suspensión de actividades de Herrira, organizando actos de financiación para el sostenimiento del colectivo de presos.

El juez Eloy Velasco ha enviado a prisión a tres tesoreros de la organización Herrira de apoyo a presos de ETA que fueron detenidos en la operación Mate contra el 'frente de cárceles' de la banda, los únicos de los 16 arrestados que finalmente han ido a la cárcel tras declarar ante el magistrado. Velasco ha dictado prisión incondicional para los tesoreros Francisco Javier Balda, Jon Mintegiaga y Javier Carballido imputados de los delitos de financiación del terrorismo, integración en organización terrorista, quebrantamiento de medida cautelar respecto de la prohibición de actividades de Herrira, delito contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y delito contra la Seguridad Social.

El juez considera que los acusados actuaron, pese a la suspensión de actividades de Herrira, organizando actos de financiación para el sostenimiento del colectivo de presos en los ámbitos social, económico, jurídico, asistencial y médico, han informado fuentes jurídicas. Les ha enviado a la cárcel tras haber puesto en libertad por la mañana a siete abogados de Herrira detenidos, lo mismo que hizo este martes con otros cinco letrados y una tesorera de la organización.

De esta manera, de los 16 detenidos el pasado lunes del llamado "frente de cárceles" de ETA, solo estos tres tesoreros que han declarado han ido finalmente a prisión, mientras que los 12 abogados y la cuarta tesorera arrestados han quedado en libertad con medidas cautelares. Por la mañana, Velasco ha dejado en libertad a los abogados Ainhoa Baglietto, conocida por defender al etarra Iousu Uribetxeberria Bolinaga (en libertad condicional por un cáncer terminal), Alfonso Zenon, Aiert Larrarte, Kepa Mancisidor, Jaione Karrera, Ane Ituño y Atxarte Salvadors. A los siete les imputa, al igual que los seis detenidos que comparecieron ayer, delitos de pertenencia o colaboración con organización terrorista, blanqueo de capitales y delitos de defraudación del IVA.

Como medidas cautelares también les ha impuesto la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y comparecencias mensuales en el juzgado, así como la prohibición, durante el tiempo que dure la instrucción, de "realizar visitas organizadas a presos del entorno de ETA por parte del colectivo" del frente de cárceles. El juez, al igual que este martes, ha decretado esa medida porque durante un registro a un despacho de abogados de Hernani se hallaron canutillos de notas con instrucciones de ETA a los presos y viceversa. No obstante, para no "privar el ejercicio individualizado del derecho de defensa" les permite "las entrevistas individualizadas que los abogados necesiten realizar con preso concreto para actos procesales concretos o penitenciarios concretos".

Estos siete abogados quedan por tanto en la misma situación que quedaron ayer la tesorera de Herrira Nagore San Martín y las letradas Amaia Izco, Haizea Ziluaga, Arantza Aparicio, Oninza Ostolaza y Eukene Jauregui. A raíz de estas detenciones, el Ministerio del Interior informó de que la Guardia Civil había asestado un nuevo golpe al denominado "frente de cárceles" de ETA, en una operación que ha diezmado a su colectivo de abogados y minado su financiación, además de haber descubierto un fraude al fisco de 1,3 millones de euros en dos años.

Esta operación, denominada Mate, se produjo tras la llamada Jaque de enero del año pasado, que llevó a la cárcel a los abogados Arantxa Zulueta y Joan Enparantza. Asimismo, esta tarde se ha conocido que la Guardia Civil ha llamado a declarar a algunas de las 18 personas detenidas en septiembre de 2013 por pertenecer al colectivo de apoyo a los presos de ETA, a quienes investiga ahora por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores.

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